Miles de trabajadores valencianos que han sido víctimas de despidos llevan hasta dos años sin cobrar parte de la indemnización o del salario que les corresponde por el atasco que sufre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en la Comunitat Valenciana.

El colapso va a más, ya que en diciembre el tiempo medio de espera era de 18 meses y que la cantidad que se adeudaba a los afectados ascendía a 700 millones de euros, como ya informó 20minutos.

Esta entidad dependiente del Ministerio de Empleo es la encargada de abonar estos pagos a los empleados cuando las empresas para las que trabajaban se declaran insolventes o entran en concurso de acreedores.

Según han denunciado este jueves los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y UGT durante una protesta  a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno en la calle Colón de Valencia, el atasco del Fogasa mantiene bloqueados 32.000 expedientes en la Comunitat y cada expediente puede afectar a varias personas.

Por este motivo, tanto UGT como CC OO exigieron "alternativas reales" a la grave situación en la que se encuentra el Fogasa, ya que consideran que la externalización de la gestión de los expedientes atrasados de dicho organismo a la empresa Tragsatec no está dando los resultados que se esperaban, sino todo lo contrario, los expedientes sin resolver están aumentando.

En este sentido, ambos sindicatos reiteraron la "necesidad" de que se establezca un plan de actuación urgente que termine con el atasco actual, basado en el refuerzo de la plantilla con el fin de agilizar la tramitación y el pago de los expedientes a todos los afectados.

Mariano Serrano tiene 59 años, soldador en paro, es uno de los miles de valencianos afectado por los impagos del Fogasa. Su situación empieza a ser desesperada. Según explica, trabajaba "en una empresa de estructuras metálicas, pero en 2010 cerró, pese a que seguía entrando faena".

Así, pactaron que una parte de la indemnización y de los salarios los pagaría la empresa y la otra el Fogasa: "Sin embargo, la mercantil no cumplió, fuimos a juicio y me dieron la razón".

Con la sentencia en la mano, acudió al Fogasa en 2012 "y desde entonces estoy esperando a que me paguen los 9.000 euros que me deben".

Mientras tanto, Mariano está en paro cobrando la prestación y su mujer tampoco trabaja: "La situación empieza a ser desesperante porque tenemos que tirar de ahorros para llegar a fin de mes".