El Gobierno de Cantabria ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa contra Sergio Vélez por los cuadros desaparecidos decidido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander "basándose" en los argumentos jurídicos esgrimidos el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial para desestimar el recurso de apelación presentado por el publicista.

Así, los servicios jurídicos del Gobierno alegarán, entre otros fundamentos jurídicos, "el cese de la relación contractual entre Vélez y el Ejecutivo" hacía que no se "justificase que las obras de arte estuviesen en su poder".

En un comunicado, el Gobierno recuerda que el auto de la Audiencia partía del "dato objetivo" de que los cuadros hallados fueron encontrados en poder de Vélez "sin que él ofreciese ninguna explicación coherente que legitime su tenencia en el momento en el que le son intervenidos".

Asimismo, en el auto se indicaba que "se puede deducir a título de mero indicio" que el "recurrente sabía que desde el mes de marzo o abril de 2012 había cesado toda relación con el Gobierno de Cantabria, y que por lo tanto, no existía justificación alguna para que mantuviera en su poder fondos pertenecientes a dicha Administración, siendo expresamente admitido que no existía encargo alguno al respecto ni perspectiva de nuevo evento de próxima celebración al que trasladar los fondos".

Por otro lado, añade el Ejecutivo, el fallo de la Audiencia señalaba que desde la Dirección del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria se declaró, "sin que fuera desmentido", que "en los contratos concertados con Vélez no existía ninguno de almacenaje o custodia, y que también en los contratos existentes, se disponía que el traslado de los fondos había de ser de sede pública a sede pública".

La Audiencia también señaló que el objeto de la investigación de las posibles diligencias "no es el de conocer como detectó el Gobierno la ausencia, falta o desaparición de determinados fondos culturales o que actuaciones realizó para averiguar su paradero, si no el de determinar la causa por la que dichos fondos fueron hallados en poder de una persona que carecía ya de toda relación con el titular de los mismos y que por tanto los retenía en su poder sin justificación aparente".

Según el Gobierno, la Audiencia hizo "especial hincapié" en la necesidad de recibir declaración a Vélez como diligencia de investigación tendente al esclarecimiento de los hechos, aclarando que la misma "no tenía por objeto averiguar si existen indicios de la comisión de un ilícito penal, pues tales indicios ya se constatan desde el momento en que se ha acreditado indiciariamente la posesión no justificada por el imputado de unos fondos pertenecientes a una Administración pública.

Lo que se pretendía con tal declaración, añade, "Vélez tenga la oportunidad de ofrecer alguna explicación sobre la posesión de dichos fondos tras conocer que su relación con el propietario de los mismos había cesado". "Sin embargo", recalca el Ejecutivo, "Sergio Vélez se negó a declarar ante el juez de Instrucción".

El Gobierno recuerda que denunció la desaparición de los cuadros ante la Policía Nacional tras realizar un "inventario exhaustivo" de su fondo pictórico en las dependencias de la Administración regional.

La causa penal se inició tras el hallazgo, por la Policía Nacional, de más de 15 obras que formaban parte del lote de obras desaparecidas, en una nave propiedad del publicista en Monte (Santander) que era utilizada como almacén por la empresa Puzzle Producciones de la que Vélez es administrador y socio único.