"Desgracia sobre desgracia". Así es como define Miriam Pinillos, secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CC OO Andalucía, la situación de los cerca de 60.000 andaluces que han sido despedidos por empresas insolventes y que aún no han cobrado su indemnización.
En concreto, las cifras se refieren a aquellos que han tenido que recurrir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), un organismo dependiente del Ministerio de Empleo cuyo fin es abonar los salarios e indemnizaciones que las empresas no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso.
Dicho organismo se encuentra actualmente "colapsado", según denuncian los sindicatos, que apuntan a que los afectados tienen que esperar hasta 15 meses en Andalucía para recibir su dinero (450 días, frente a los 400 que esperan de media en España).
"El problema es que la plantilla de este organismo no se ha reforzado", señala Pinillos, que advierte que "los expedientes se han quintuplicado desde el inicio de la crisis, mientras que el Fogasa cuenta con los mismos trabajadores o, en algunos casos, menos". En Andalucía hay 43 empleados y 11 letrados. "Hay que reforzar la plantilla de forma inmediata", insisten desde CC OO.
El pasado año, el Fogasa resolvió en la comunidad 21.617 expedientes, en los que había involucrados unos 30.000 trabajadores, según un informe de CC OO y UGT elaborado con los datos oficiales del Ministerio. Además, tiene pendientes otros 21.000 casos (en España, esa cifra alcanza los 180.000), que afectan "más o menos a otras 30.000 personas".
Ni los unos ni los otros han recibido aún su dinero, según Pinillos, que recuerda que el Fogasa "no abona todo lo que le correspondería al trabajador, solo una parte". 20minutos se ha puesto en contacto con el Ministerio de Empleo, que asegura que no tienen "nada que decir" al respecto.
Privatización
Además de la falta de personal, los sindicatos achacan el retraso en los pagos a que "parte del Fogasa se ha privatizado". Explican que el Gobierno central "contrató a una empresa privada para agilizar el proceso, pero el efecto ha sido el contrario, hay más retrasos".
Las personas que se encuentran en esta situación no tienen muchas opciones. "Por desgracia, te toca cuando te toca", explica María Luisa Jiménez, abogada laboralista de Jiménez Santana Abogados, en Sevilla. Acudir a los tribunales tampoco es una opción recomendable. "Están igual de atascados o peor, así que tardarían más en cobrar. Actualmente, los señalamientos por despidos se están haciendo a un año vista", concluye.
"El futuro se afronta con mucha inseguridad"
La empresa Dolmen Consulting, para la que María José estuvo trabajando durante 17 años, presentó un concurso de acreedores en febrero de 2012. En ese momento, esta mujer sevillana y sus compañeros se quedaron en la calle. La documentación llegó al Fogasa en diciembre de 2012 y "desde entonces, no he vuelto a saber nada", cuenta. Ahora está cobrando el paro, "pero estoy a punto de agotarlo".
Reconoce que no le queda más remedio que "aguantar y, mientras, recortar, recortar y recortar" de sus gastos para salir adelante. "El futuro se afronta con mucha inseguridad", reconoce. Y reclama que le paguen "lo que me deben".
Manifestaciones
Cientos de personas se concentraron este jueves en todas las provincias andaluzas frente a las sedes del Fogasa y de las subdelegaciones del Gobierno. En algunos puntos, incluso, se unieron a la protesta los propios trabajadores del organismo estatal. Por otro lado, la plantilla de la factoría de Lactatis (marca Puleva) han marchado desde su fábrica en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) hasta el Ayuntamiento hispalense para protestar por el cierre de la fábrica.
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