La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha celebrado este jueves, finalmente, la vista oral destinada a resolver la demanda colectiva promovida contra el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en agosto de 2013 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla. El juicio, no obstante, no ha quedado aún visto para sentencia, pues los trabajadores han incorporado como prueba documental un informe elaborado por dos catedráticos de la Universidad de Sevilla y contrario a la tesis de que la empresa incurría en monopolio irregular al ceñir a su plantilla servicios como el arrastre o la facturación del género.

Después de que este ERE se saldase con el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo permitido por la legislación laboral, la sala de lo Social del Alto tribunal andaluz ha albergado este jueves el juicio correspondiente a la demanda suscrita por todos y cada uno de los afectados contra dicho procedimiento. La vista oral, no obstante, no ha sido finalizada, dado que los afectados han alegado un informe elaborado por dos catedráticos de la Universidad de Sevilla que rebatiría la tesis de que Mercasevilla incurría en un monopolio irregular al ligar obligatoriamente a su plantilla la prestación de servicios como el arrastre o la facturación del género, extremo este último del que parte el espíritu del ERE.

Dado el caso, y según ha informado a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha sido acordado reanudar la sesión el próximo 20 de febrero, una vez que cada una de las partes haya analizado el informe.

Ere en pleno agosto

Los despidos, en concreto, comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto de 2013, la jornada en la que precisamente entró en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado del mercado central.

La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde precisamente al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.

El papel de la unión europea

En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al haber prestado con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido nunca ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.

Fuere como fuere, en los últimos meses el Consistorio hispalense había tramitado y aprobado definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla que liberalizaba los servicios que los trabajadores de la empresa prestaban en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto de 2013. Así, las labores de carga y descarga y facturación del género quedaban abiertas a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas.

En paralelo, Mercasevilla promovía una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aportó 3.086.154 euros a esta ampliación de capital y, finalmente, el expediente de regulación de empleo fue consumado el 12 de agosto con 129 despidos.