Un alto cargo en el Ministerio de Justicia, actual asesor del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, declarará este viernes como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, por su actuación durante la instrucción, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), en el llamado caso 'Goldfinger', en el que se investiga la operación urbanística y financiera desarrollada en la parcela donde estaba el chalé propiedad del actor Sean Connery y su mujer.

Manuel Jaén, que está en comisión de servicio como adscrito al Ministerio, comparecerá a primera hora del día ante el magistrado Miguel Pasquau, que instruye la causa contra él después de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz abriera diligencias el pasado mes de diciembre tras la denuncia presentada por un despacho de abogados marbellí —con miembros imputados en 'Goldfinger'— y un informe elaborado por la Fiscalía Superior de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) acordó la apertura de juicio oral contra 17 personas, entre ellas el exalcalde marbellí Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, por el caso 'Goldfinger'.

Además, fijó las responsabilidades civiles directas que tendrán que pagar procesados o sociedades supuestamente implicados, que ascienden a más de 42 millones de euros, y las subsidiarias. Según consta en la parte dispositiva del auto, se abrió juicio oral por delitos de fraude, delitos contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental.

A Muñoz se le acusa de un delito de fraude —que para la acusación del Ayuntamiento está en concurso con un delito continuado de malversación— y dos delitos contra la ordenación del territorio; mientras que a Roca se le acusa, además, por cohecho. Asimismo, se acordó abrir juicio oral contra cinco exconcejales de Marbella, dos abogados, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros.

Este procedimiento judicial se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. —propietaria del chalé de los Connery— y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.

Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.

El mes de mayo del pasado año, el magistrado instructor acordó seguir la causa contra 17 imputados, dejando al margen en una pieza separada todo lo relativo a los Connery, ya que no se les había tomado declaración, a pesar de que fueron citados como imputados primero en el juzgado y se había remitido una comisión rogatoria, es decir, una petición de colaboración internacional, a Bahamas, donde supuestamente reside el matrimonio.

ACUSACIONES

Tras esa decisión, configurarse otra pieza separada —relativa a delitos de blanqueo de capitales que también han quedado aparte— y concretarse el procedimiento contra 17 imputados, las tres acusaciones —la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella y la Abogacía del Estado— presentaron sus correspondientes escritos de calificación provisional, con las peticiones de pena para cada uno.

Así, el fiscal pide para Muñoz cuatro años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude; mientras que para Roca solicita ocho años por esos mismos delitos y por cohecho. El Consistorio eleva estas penas a siete años y cuatro meses para el primero al contemplar en concurso el fraude y con un delito de malversación; y a más de 12 años en el caso del segundo, al acusarle de más delitos.

Para uno de los principales abogados del despacho que representó los intereses económicos del actor, el Ministerio Público pide 34 años de cárcel y para el otro, 26 años, sobre todo por delitos fiscales. En el caso de cuatro exediles, el fiscal les acusa de dos delitos urbanísticos, solicitando dos años de cárcel, y un año para el quinto exconcejal por un solo delito. El Ayuntamiento considera que existe continuidad delictiva en estos acusados.