Entre los efectos intervenidos en la residencia del exconcejal lucense y expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, fue intervenida una carpeta "perfectamente ordenada, con todos los documentos procesales", según señala, en el segundo interrogatorio al que fue sometido, la instructora de la Operación Pokémon, la jueza Pilar de Lara, quien llama la atención acerca de que tuviese en su poder ciertos escritos.

Así, en la comparecencia en sede judicial del 15 de octubre de 2012, Pilar de Lara pregunta a Fernández Liñares las razones por las cuales tenía en esa carpeta hallada en su domicilio una declaración de perjudicada de la también jueza en Lugo Estela San José, instructora de la Operación Campeón, que también salpicó a varios políticos; y una copia de la declaración que prestó como testigo un policía local en las diligencias de la Operación Carioca, que también instruía Pilar de Lara y cuyos pinchazos fueron el germen del caso Pokémon, que investiga una trama de sobornos y regalos a políticos a cambio de adjudicaciones de servicios municipales.

Pilar de Lara le hace notar al político socialista que no debería tener esos documentos y también le pregunta la razón por la cual tenía en esa carpeta una resolución de expediente sancionador de Construcciones Sanle. Fernández Liñares atribuye que tuviese algunos de esos documentos a que se los hicieron llegar de forma anónima.

La jueza le pregunta también si tiene algún negocio o proyecto en común con el juez del Contencioso número uno de Lugo, José Manuel López Casanova, a la vista de una conversación entre ambos que fue pinchada y en la que Fernández Liñares le dice que tiene "ideas económicas e ideas técnicas" que le podrían servir. El exconcejal socialista niega cualquier vínculo empresarial con el magistrado y explica que la conversación versaba sobre las medidas para controlar el ruido durante las fiestas, a raíz de unas quejas de vecinos del parque.

Pinchazos telefónicos

Pilar de Lara también le pregunta si fue informado de que podía tener intervenidas las comunicaciones, extremo que el político niega y atribuye una conversación con su socio Miguel García Gesto, en la que hablaba sobre "el problema que tenemos en Lugo con los teléfonos", a que "hay que tener cuidado". Así, niega que le hubiesen advertido de que su móvil estaba pinchado, pero reconoce: "Yo tengo la idea de que en Lugo sí están muy pinchados los teléfonos. Me parece a mí".

Otro de los documentos que le fueron intervenidos es uno relativo a un atestado sobre "la finca del Puente", de su propiedad, y la jueza le pregunta directamente si se lo dio el alcalde lucense, José Clemente López Orozco, a lo que el exconcejal y exmano derecha del político socialista dice que "preferiría no contestar". No obstante, en una conversación con su esposa, le indica que "ya vio el informe que le dio el alcalde".

RELACIONES

Precisamente sobre su relación con el regidor lucense, con quien fue concejal varios años desde que el PSdeG se hizo en 1999 con la Alcaldía, Liñares la define como "cordial". "No tengo una amistad íntima, pero una buena relación", apunta. Preguntado si él era su persona de confianza responde: "El alcalde es un poco especial. No sabría decirlo. Unas veces puede que sí y otras puede que no. No diría que soy de tanta confianza".

En otra conversación entre ambos políticos, Liñares le dice a Orozco que lo había llamado "para hablar en secreto" y matiza, a continuación que "no es nada de jueces". "No tengo ni idea de qué queríamos hablar, cualquier chismorrada", indica a la pregunta de la jueza sobre esa llamada.

Frente a este vínculo "cordial" con el alcalde, Liñares dice que las relaciones que mantiene con el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, "no son malas, más bien inexistentes".