Centenares de personas se han concentrado en las puertas del Fogasa y de las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias andaluzas para reivindicar medidas que acaben con los "importantes atrasos" que están sufriendo en el cobro de indemnizaciones y salarios las personas cuyas empresas se han declarado insolventes o en concurso de acreedores.

Asimismo, en algunas provincias la propia plantilla del Fogasa se ha sumado a las concentraciones convocadas por CCOO y UGT.

En una nota, CCOO ha indicado que la secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de este sindicato, Miriam Pinillos ha denunciado que el retraso de los pagos "asciende a 15 meses y se ha quintuplicado el número de expedientes desde el inicio de la crisis". Frente a ello el sindicato ha reivindicado la puesta en marcha de un plan de choque por parte del Gobierno central "con carácter inmediato".

Por ello, ante los "graves retrasos" que se están dando en el pago por parte del Fogasa a los trabajadores cuyas empresas se han declarado insolventes o en concurso de acreedores, centenares de personas se han concentrado en todas las provincias andaluzas ante las puertas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para exigir la puesta en marcha de medidas que solventes estos retrasos.

Miriam Pinillos ha denunciado la "insostenible situación" en la que se encuentran ya que se trata de "trabajadores que han sido despedidos y no cobran ni la indemnización que le correspondiera, porque paga el Fogasa y no el empresario". En este sentido, Pinillos ha explicado que los expedientes "han aumentado de forma alarmante, pasando de 39.032 expedientes resueltos en 2007 a 154.357 resueltos y pendientes de cobro en 2013".

En el caso de Andalucía, Pinillos ha señalado que "aunque hay 21.617 expedientes del Fogasa resueltos en 2013, que afectan a 30.000 trabajadores, y que todavía quedan por resolver otros 21.000 expedientes".

En opinión del sindicato, el retraso "alarmante" en el cobro de estas prestaciones ha sido debido a la falta de previsión por parte del Ministerio y a las escasas medidas adoptadas, como la privatización de parte de la gestión a través de una empresa.

"Esto ha agravado la situación en la que se encuentran los trabajadores, ya que por un lado ha aumentado el tiempo medio de espera en el pago llegando a superar los 15 meses, cuando la regulación establece un plazo máximo de tres, y por otro les genera indefensión por la falta de información sobre el estado de sus expedientes ya que se les niega el acceso a esta información", ha aseverado.

Ante ello, CCOO ha pedido "soluciones inmediatas, con un plan de choque inmediato, de forma que se resuelvan en tiempo y forma los expedientes, y al menos se cumplan los tres meses establecidos por ley".