La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha puesto en valor este jueves en el Parlamento el papel de la Junta de Andalucía en la defensa de la Ley de la Dependencia, una ley, ha afirmado la consejera, en la que Andalucía sigue estando a la cabeza de su desarrollo con "una de cada cuatro prestaciones de las concedidas en el conjunto de España". Además, ha dicho Sánchez Rubio, "el 35% de la ayuda a domicilio que se presta en todo el país y el 47% de la teleasistencia corresponden a Andalucía".

Frente a esta defensa de la Ley de la Dependencia que se hace desde Andalucía, que destina en los presupuesto de este año 1.115 millones de euros para la atención de las personas dependientes, Sánchez Rubio ha explicado los últimos cambios introducidos por el Gobierno central, aprobados en dos decretos-ley a finales de diciembre, y que, a su juicio, "suponen una derogación encubierta de la Ley de la Dependencia".

Estos cambios afectan "negativamente a las personas en situación de dependencia, a sus familias, a las personas cuidadoras y a los profesionales y las entidades que trabajan en los distintos servicios de atención de dependencia". En concreto, las nuevas normas estatales penalizan las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, mientras que se potencian las prestaciones económicas vinculadas a servicios privados, siendo esta una prestación que sólo permite la atención a personas con recursos económicos altos y que dificulta, a su vez, el desarrollo de una red pública de servicios.

Otro de los cambios que introducen es la derogación de la norma que revalorizaba las prestaciones para cuidados en el entorno familiar, en función del Iprem, además de endurecer los requisitos de las personas cuidadoras obligándolas a estar prestando atención previa a la solicitud durante, al menos, un año y a la convivencia en el domicilio de la persona solicitante.

Por otra parte, el Gobierno del PP reduce la intensidad de los servicios y se elimina la compatibilidad entre los mismos, aumenta la burocracia en el acceso a las prestaciones exigiendo que, junto a la solicitud, la persona solicitante presente documentación relativa a su situación económica.