La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, atribuye en el marco de la investigación de la 'Operación Pokémon' al grupo de empresas Vendex un "plan organizado y ya preconcebido" de pagos de sobornos con envío de dinero a cambio de concesiones de contratos de servicios públicas —como la ORA y la grúa—.

En uno de los autos con fecha septiembre 2012 incluidos en el sumario de la 'Pokémon', al que tuvo acceso Europa Press, la jueza instructora señala al responsable en el ámbito nacional de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez como el responsable de haber "urdido un plan organizado y ya preconcebido" destinado a realizar "envíos de dinero para los presuntos soborno con la mayor seguridad en los mismos".

Según el relato que hace De Lara, Gervasio Rodríguez, "para lograr adjudicaciones de las administraciones en toda España realiza presuntamente sobornos que tiene como destino aquellos funcionarios que bien, directa o indirectamente, han realizado actos o influenciado en los funcionarios que forman parte de los órganos de contratación con la finalidad de obtener diferentes contratos con las administraciones y muy en especial con la local".

Así, señala que para "gratificar la actuación de tales políticos y funcionarios" en la consecución de los contratos y servicios adjudicados a Vendex por las diferentes administraciones al "grupo liderado por Gervasio Rolando Rodríguez", además de contratar a distintas personas "recomendadas por las distintas autoridades, políticos y funcionarios intervinientes en los procesos de contratación ha estado realizando presuntamente pagos periódicos de dinero a algunas de tales personas".

Sobre el método empleado, indica que se realizaban los envíos de dinero y al mismo tiempo conseguía que la cuenta de resultados del grupo "no se vea reducida con las aportaciones de grandes cantidades de dinero entregadas en un solo acto".

El 'modus operandi' apuntado por la jueza señalada que, en algunas ocasiones, se realizaba el pago en metálico a los propios delegados provinciales del Grupo Vendex que, a su vez, "son los encargados de entregar el dinero a los funcionarios administrativos y políticos sobornados".

"Pero en la mayoría de las ocasiones el dinero se envía a través de la empresa Courier SEUR bajo el control directo de Gervasio Rolando en sobres blancos y cuyo interior se remite el dinero en billetes que van envueltos en páginas de prensa deportiva figurando en el sobre el mes al que corresponde el pago", señala. Así, añade que, en el "sistema utilizado para realizar los pagos en Galicia", el dinero llega por mensajero al responsable regional del grupo quien, a su vez, bien directamente o indirectamente, lo hace llegar a su destino final.

La jueza indica que, a través de las actuaciones realizadas en el marco de esta investigación, "se constata que uno de los destinatarios de tales sumas dinerarias es Francisco Fernández Liñares", expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exedil del Ayuntamiento de Lugo.

Añade, asimismo, que de las "conversaciones mantenidas entre los investigados", se puede inferir que "los destinatarios finales de tales remesas de dinero en el término municipal de Lugo serían el responsable del gabinete de Tráfico de la Policía Local (Manuel G.F.), el alcalde José López Orozco y Francisco Fernández Liñares".

"estrategias delictivas"

De Lara sostiene en su auto que el Grupo Vendex "ha conseguido, gracias a estas ilícitas y delictivas estrategias, importantes adjudicaciones y contratos de diversas administraciones públicas".

Entre ellas, apunta la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Boqueixón (A Coruña) del contrato de servicio de ayuda en el hogar; en el Consistorio de Ourense, del contrato de limpieza del pabellón de deportes; en el de Santiago, el concurso de servicios de la Escola Infantil Municipal de Salgueiriños; y en Lugo, el sistema de la ORA y el servicio de la grúa a Cechalva.

Aparte de ello, la jueza indica que "Liñares habría realizado adjudicaciones ilícitas a ciertas personas a cambio de contraprestaciones económicas —dinero, regalos y servicios—".

En este sentido, De Lara considera que "gracias a estos procedimientos" han conseguido "aumentar de forma importante su patrimonio" y añade que para ocultarlo "los investigados han podido colocar sus bienes a nombre de terceras personas, entre ellos, sus cónyuges".

Relata, además, que de los investigado se extrae que por "favores prestados" para la adjudicación del servicio de la ORA en Lugo a la empresa DOAL, "el Grupo Vendex estaría pagando mensualmente una determinada suma de dinero a todos los funcionarios y políticos intervinientes".

Asimismo, indica que a cambio de la concesión del servicio de la grúa "la empresa Cechalva habría estado realizando pagos mensuales a Fernández Liñares y posiblemente también alcalde López Orozco de una cantidad de dinero aproximada de 2.000 euros al mes".

Facturación falsa

De lo actuado, también extrae la jueza instructora que la empresa Cechalva "estaría cometiendo diversos delitos de falsedad documental, al solicitar facturas falsas a diversas empresas".

Entre sus conclusiones, De Lara apunta las manipulaciones en la contabilidad de la empresa, aludiendo a que en conversaciones interceptadas socios "hablan sin tapujos de la caja B" de la compañía; así como fraude de IVA.

OURENSE

En el caso de Ourense, según el auto, recogido por Europa Press, "quedan constatados los hechos delictivos" relativos a la concesión de la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento; además de contratación de personal; regalos al entonces alcalde, Francisco Rodríguez; futuras concesiones en el municipio; retirada de multas y otras tasas municipales y supuestos pagos a funcionarios municipales.

Así, en alusión a conversaciones interceptadas, la jueza concluye que "el alcalde de Ourense habría mediado en la adjudicación del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas dependientes del Consello Municipal de Deportes del Ayuntamiento".

Sobre Ourense, sostiene que además del entonces alcalde, que había sido detenido en el marco de la operación iniciada hace año y medio, "otros funcionarios han podido recibir regalos y pagos en metálico", señalando al exedil de Deportes Fernando Varela, "que pudo haber aceptado una dádiva en metálico por parte del grupo Vendex en pago de las gestiones realizadas en éste u otros contratos" y al jefe de la Policía Local Abelardo Ulloa, al que se refieren como 'el bigotes', "que pudiera haber recibido ciertas sumas de dinero por parte de Vendex".

La jueza considera que tanto López Orozco, como Francisco Rodríguez y el entonces regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio, "habrían vulnerado la legalidad del procedimiento de contratación para beneficiar a las empresas del Grupo Vendex". Y precisa que supuestamente habrían facilitado información privilegiada a cambios de contraprestaciones.