El Gobierno riojano ha afirmado, a través de su consejera de Administración y Hacienda, Concepción Arruga, que ha implantado en su gestión aquellas recomendaciones que comparte con el Tribunal de Cuentas, ante el Informe Anual de Fiscalización de La Rioja relativo a los ejercicios 2010-2011, que elabora el organismo.

La consejera ha señalado que, "dentro de la normalidad procedimental y de colaboración con el órgano de fiscalización, el Gobierno de La Rioja tendrá en cuenta las recomendaciones que se incorporan en este informe, puesto que eso contribuye a la mejora de la gestión pública".

Arruga ha recordado que el informe anual del Tribunal de Cuentas relativo a la Comunidad Autónoma es una actuación ordinaria y necesaria que tiene como función la fiscalización de las cuentas y de la gestión económica ya que todas las CCAA están obligadas a rendir cuentas ante órganos externos de fiscalización.

En este sentido, ha aclarado que en la actualidad, trece de las diecisiete autonomías han creado su propio Tribunal de Cuentas, mientras que La Rioja (al igual que Murcia, Cantabria y Extremadura) ha mantenido, para evitar duplicidades, al Tribunal de Cuentas como órgano externo de fiscalización cuyos informes son públicos, a través del BOE y de la propia página web del Tribunal.

Para la consejera de Hacienda, el ejercicio de la función fiscalizadora "refuerza la transparencia y la propia rendición de cuentas al conjunto de la sociedad", al mismo tiempo que aporta una "evaluación crítica de la gestión pública que contribuye a mejorar la gestión a partir de las recomendaciones formuladas en los informes de fiscalización".

No siempre se comparte

No obstante, ha señalado que, de la misma manera que se tendrán en cuenta las recomendaciones que se apuntan en el informe, no siempre se comparte la opinión de los auditores del Tribunal de Cuentas por lo que las alegaciones que el Gobierno de La Rioja ha presentado también supone una parte esencial del informe.

El Informe Anual de Fiscalización de La Rioja relativo a los ejercicios 2010 y 2011 ha establecido un conjunto de veintidós recomendaciones; once de ellas corresponden al seguimiento de las apreciaciones señaladas en ejercicios anteriores, y otras once restantes son las derivadas de los últimos trabajos de fiscalización realizados.

Arruga ha explicado que el Gobierno de La Rioja, como muestra de la atención que presta a estas recomendaciones, ha venido trabajando para implementar en la gestión de la administración aquellos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra gestión", aunque no serán valoradas por el Tribunal hasta que no fiscalice el ejercicio 2013.

Prueba de ello, ha explicado, es que para solventar las cuestiones relacionadas con los aspectos contables que se señalan en el Informe, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de diciembre el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que "nos está permitiendo homogeneizar los criterios y la estructura contable de los distintos organismos autonómicos y entres públicos, así como mejorar la transparencia de la gestión pública". De esta forma, se han atendido las apreciaciones que recomendaban actualizar el plan de contabilidad pública al nuevo Plan de Contabilidad del Estado así como realizar avances en relación con las carencias que el propio Tribunal señalaba en los sistemas de información contables.

Por otro lado, la consejera de Administración Pública y Hacienda ha explicado que muchas de las recomendaciones que aparecen en el Informe, sobre todo las relativas a la Adecuada planificación presupuestaria o al control de las subvenciones, han quedado reguladas a través de la nueva Ley de Hacienda, que entró en vigor el pasado mes de enero.

De hecho, ha subrayado que la Ley de Hacienda dedica un artículo exclusivo a las subvenciones para mejorar el control de las mismas aunque, ha matizado, que la gestión que ha realizado siempre el Gobierno ha estado sujeta a la Ley nacional de Subvenciones del Estado.

Respecto a la repetida recomendación que el Tribunal venía formulando para que se implantasen medidas organizativas para la confección de un inventario general centralizado, Arruga ha recordado que el Ejecutivo regional publicaba el pasado mes de enero la orden que establece los criterios para la formación, actualización y valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la CAR y de todo su sector público, para tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas, mejorar la gestión del Inventario de Bienes y Derechos de la Comunidad.

De esta forma, ha explicado, nuestra región ya cuenta con un completo inventario que incluirá los bienes inmuebles y derechos reales, los derechos de arrendamiento y otros derechos de carácter personal, los bienes muebles inventariables, los valores mobiliarios y los derechos de propiedad incorporal. Además, se indicará la situación jurídica, física y el destino o uso a que están siendo dedicados.

La consejera de Hacienda también se ha detenido en las recomendaciones que el Informe hace en materia de contratación. Sin embargo, respecto a estas apreciaciones, Concepción Arruga ha señalado que el Ejecutivo no comparte los criterios que establece el Tribunal en cuanto a la generalidad con la que se formulan los criterios de adjudicación ya que, para la consejera, "se debe tener en cuenta que todos ellos van encaminados a la calidad del servicio a prestar, y por tanto se valoran las mejoras que repercutan en un mejor funcionamiento del servicio a prestar".

De esta forma, ha añadido, los licitadores en su oferta pueden explicar cómo repercuten las mejoras en el funcionamiento, del servicio, por lo que se considera que estos criterios son objetivos y transparentes.

FISCALÍA

Preguntada acerca de la información publicada ayer por Diario 'La Rioja', acerca de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas habría detectado diez actuaciones en las que el Gobierno de La Rioja podría haber incurrido en presuntas irregularidades de tipo penal durante los ejercicios 2010 y 2011, Arruga dice que no le crea "preocupación", porque "son actos de mero trámite, que ya se han desarrollado en otras ocasiones, finalizando con el archivo" de todos.

No obstante, la consejera ha recordado que existe el informe público del Tribunal de Cuentas, que está colgado en internet. A partir de ahí, se remite a la Abogacía del Estado, al Fiscal del Tribunal de Cuentas y a la Comunidad Autónomas, por si tiene que hacer alegaciones.

Las diferentes actuaciones y deliberaciones de estos órganos ha afirmado Arruga "tienen carácter reservado", como las que se desarrollen el pleno del Tribunal de Cuentas, aunque en esta ocasión "se ha filtrado" información de la Fiscalía.

A pesar de ello, la consejera ha apuntado que lo que allí publica el medio de comunicación - ya que ha recordado a ella no le han facilitado la información al tener "carácter reservado"- "entra dentro de la normalidad, porque lo que hace el fiscal es pedir que se examinen determinados expedientes para ver si existe responsabilidad penal". También señala que también se ha filtrado el del abogado del Estado que "dice que la ejecución es absolutamente respetuosa con la legalidad".