Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este jueves en Pamplona para reivindicar un Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) "mucho más activo y rentable para los trabajadores" ante el retraso en la tramitación de casi 180.000 expedientes por parte del organismo a nivel nacional.

La concentración, en la que han participado varias decenas de personas, se ha desarrollado ante la Delegación del Gobierno de Navarra. La protesta se enmarca en una campaña que están desarrollando ambos sindicatos a nivel estatal por "el problema que está generando la gestión nefasta que está haciendo Fogasa".

En concreto, el secretario general de UGT de Navarra, Juan Goyen, ha criticado que el retraso de los pagos del Fogasa "está afectando sobre todo a trabajadores que han salido despedidos de sus empresas sin ninguna indemnización por falta de recursos de las compañías".

En su opinión, esta situación está llegando "a límites totalmente insostenibles", ya que "hay trabajadores que están esperando dos años para cobrar la indemnización del Fogasa", unos trabajadores que, según ha dicho, "han salido con una mano delante y otra detrás de sus empresas".

"Es una situación dramática y la privatización que el Gobierno central está haciendo de Fogasa no ha dado ningún tipo de resultado, al revés, se han agravado los temas", ha criticado el dirigente sindical.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha lamentado que en estos momentos "hay 180.000 expedientes bloqueados" en España y que el retraso en el pago llega a los dos años", una situación que, según ha advertido, "está haciendo que muchísimas familias y trabajadores estén en una situación crítica".

Navarra, ha remarcado Villar, se encuentra en una situación "mejor" que el conjunto del Estado en relación al retraso de los expedientes, si bien ha lamentado que "se ha pasado de un plazo de dos meses en el cobro de las indemnizaciones en el año 2007 a ocho meses en 2013".

Por todo esto, Villar ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Navarra que traslade al Ministerio competente la necesidad de que "se solucione este problema lo antes posible porque no puede ser que 180.000 familias estén pendientes del cobro en una situación de desempleo de larga duración".