Los tres detenidos en relación con la muerte a golpes de un anciano para cobrar su herencia han comenzado a pasar a disposición judicial este mismo jueves.

A partir de las 11,35 horas han empezado a llegar al edificio de los juzgados de A Parda en Pontevedra los detenidos por el asesinato de Secundino Prego Amil, un octogenario residente en Chancelas, en la localidad pontevedresa de Poio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado de instrucción número dos ha alzado el secreto de las actuaciones y ha decidido que sea un jurado popular el que decida sobre el procedimiento.

A lo largo de la mañana, Albertina T.F.; su pareja, Belarmino G.P.; y Rocío G.G. irán compareciendo en el despacho para prestar declaración ante el titular del juzgado de instrucción número dos de Pontevedra, Xermán Varela.

Los detenidos llegaron a la sede judicial cuando estaban a punto de cumplirse las 72 horas que marca la legislación española como tope para que una persona permanezca arrestada sin ser puesta a disposición judicial o en libertad.

Las mujeres,

Presuntas autoras

Según fuentes oficiales del Instituto Armado, se considera a las mujeres, cuidadoras del anciano, las presuntas autoras materiales de su muerte a golpes, mientras que el hombre fue arrestado por, supuestamente, prestar colaboración.

Entre las diligencias practicadas durante los siete días que duró la investigación se encuentran la intervención de los teléfonos, el seguimiento de los sospechosos y la toma de declaración a múltiples testigos (entre otros, los vecinos de Poio, una antigua cuidadora de Secundino y trabajadores de la discoteca La Luna, donde había pasado la noche horas antes del suceso).

Los tres arrestos se precipitaron después de que Rocío, la más joven de las detenidas, publicase en su perfil de Facebook su intención de volar al extranjero.

El móvil,

La herencia

El asesinato de Secundino P.A. tuvo como móvil más probable la herencia éste. Y es que, según desvelaron el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, y el coronel de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Davó, una de las mujeres había sido nombrada heredera universal del fallecido una semana antes del crimen.

Las dos mujeres se encontraban en la vivienda en el momento de la muerte y fueron quienes alertaron al 112 de que se estaba produciendo un robo. Lo atribuyeron a "dos hombres jóvenes" que habrían huído en un vehículo pequeño de color blanco en dirección a Sanxenxo.