"Nos lo han quitado todo. Se ha quedado todo dentro de la casa, todas nuestras pertenencias…", llora desconsolada Josefina mientras trata de asimilar lo que acaba de pasarle. A su lado, su esposo Francisco y dos de sus hijos tratan de consolarla. Son casi las tres de la tarde y apuran una comida fugaz en un bar de Alagón (Zaragoza), el pueblo en el que han vivido casi toda su vida.

En la mañana de este miércoles, una pala excavadora ha derribado la casa en la que el matrimonio llevaba viviendo desde hacía más de cuarenta años y a la que Francisco, que ahora tiene 82 años, llegó cuando era tan solo un niño.

"Ahora no sé qué haremos. Mi mujer, que tiene 81 años, no puede casi moverse y es diabética. Y los dos hijos con los que vivíamos tampoco pueden valerse. Somos demasiados para ir a casa de otro de nuestros hijos y no podemos cargarles más", explica el padre de familia.

Después de once años de litigios y varios avisos de desahucio finalmente pospuestos, una notificación judicial les anunciaba el pasado lunes que tenían que abandonar la finca, llamada El Tejar. Les adjuntaba además otro aviso con la noticia que más temían: la casa iba a ser derribada. Los herederos del antiguo dueño de los terrenos, que llevaban años reclamando la finca por diferentes vías judiciales, habían decidido echarla abajo.

Francisco compró la finca a una usufructuaria en 1960 por 200.000 pesetas, según explicó la abogada de la familia, Mercedes Urraca. Sin embargo, y a pesar de que se firmaron varios documentos que Francisco guarda celoso desde hace décadas, las escrituras nunca llegaron a llevarse al registro.

No hay constancia oficial de la adquisición y de que el terreno sea de la familia. "He estado pagando alquileres desde entonces. Si ya no puedo tener mi casa, al menos que me devuelvan mi dinero", se queja Francisco. "Me siento engañado por todos", añade mientras se debate entre la tristeza y el enfado.

El alcalde de Alagón, José María Becerril, asegura que se tratará de llegar a algún acuerdo para que la familia no se quede en la calle, pero recuerda que tienen recursos para buscar una vivienda, ya que cobran más de 1.500 euros al mes entre pensiones y pagas por incapacidad. "Los propios servicios sociales de la DGA les denegaron una solicitud de ayuda porque el núcleo familiar superaba el máximo de renta", explica Becerril.

Miembros de la plataforma Stop Desahucios Zaragoza se desplazaron a Alagón tras conocer la noche anterior la noticia del derribo proyectado para la vivienda. "Ni los juzgados, ni los servicios sociales, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de Aragón… Nadie ha parado este atropello. Nadie da solución inmediata. Unos y otros han dejado en la calle literalmente a la familia", explican los portavoces de la plataforma.

Pero poco pudieron hacer. La casa, que era también el lugar de trabajo de toda la vida de la familia (que se dedicaba a fabricar ladrillos y tejas de forma artesanal), se ha convertido en un montón de escombros. Y junto a ellos han acabado hechos pedazos la mayoría de sus pertenencias y muchos de los recuerdos de Francisco Valdés y su esposa, Josefina Aranda.