El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, ha remitido un escrito al juez decano, José Carlos Romero Roa, en el que le ha trasladado las incidencias más significativas detectadas por los Servicios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Córdoba, con competencias exclusivas en materia de Familia, incidiendo en "la gran carga de trabajo que soporta" dicho juzgado y el "retraso generalizado" en las actuaciones.

Según informa el Colegio de Abogados, dicho escrito lo ha remitido tras la inspección realizada por el citado servicio estos días, y lo transmite con el objetivo de que el juez decano ponga las incidencias en conocimiento de las personas encargadas, a los efectos oportunos.

Como regla general, según recoge el escrito, se aprecia "un retraso generalizado" en todas las actuaciones judiciales, así como "numerosos errores materiales" en las resoluciones que se dictan que, además, "no llegan a subsanarse sino transcurridos algunos meses". Dichos "errores materiales" pueden concretarse en "la confusión" de datos identificativos de las partes en las sentencias de separación o divorcio, o en los nombramientos de tutor a personas incapacitadas.

Estas "disfunciones", añade el escrito, producen "importantes y evidentes perjuicios" al justiciable, ya que "hasta que no se corrigen los errores materiales", las resoluciones en que se detectan no surten efectos frente a terceros, incluido cualquier organismo público frente al que se pretenda hacer valer.

Si bien, señala que lo más llamativo de las incidencias detectadas, "por perder totalmente la relevancia que tiene ejercer determinadas acciones ante este Juzgado", es que las vistas para resolver solicitudes de medidas provisionales previas a las demandas de nulidad, separación o divorcio, se vienen señalando con una demora media de seis meses desde su presentación, en contra de lo previsto legalmente —diez días—. Mientras tanto, "no existe resolución alguna que regule la relación familiar de las personas que pretenden plantear las acciones anteriores con los innumerables inconvenientes que ello provoca", precisa el escrito.

Asimismo, apunta que las vistas para resolver sobre acciones urgentes previstas en el artículo 158 del Código Civil, se señalan con una demora de tres meses, lo que "implica una pérdida total de la eficacia de estas peticiones". Las demandas de ejecución de sentencia, que en su mayoría son referentes a impagos de pensiones de alimentos a menores, tardan en proveerse unos seis o siete meses, al tiempo que también se ha detectado "un retraso significativo" en remitir al Registro Civil las resoluciones para su inscripción.

Con independencia de otros motivos que pudieran influir en los citados retrasos, continúa el escrito, "consideramos que el fundamental es la gran carga de trabajo que anualmente soporta el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Córdoba, por lo que sería recomendable la creación de un nuevo juzgado en la capital que asumiera funciones en materia de familia o, en su defecto, que se reforzaran con los medios personales oportunos los dos existentes".