Los doce centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía prevén alegar y agotar así la vía administrativa antes de una previsible actuación judicial tras la negativa provisional que han recibido, por parte de las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, a la renovación del concierto para el curso 2014-2015, al considerarlos colegios de educación "segregada".

La portavoz de la plataforma 'Mis padres deciden', Gemma García, ha señalado a Europa Press que este paso es el siguiente dentro del procedimiento abierto en el cual cada centro alegará, en un plazo de diez días, según sus circunstancias, dado que "no es lo mismo Infantil que la ESO y la Formación Profesional".

García, que expresa su "dolor" por la decisión en tanto que la reforma educativa "recoge expresamente que la elección del modelo de educación diferenciada no puede implicar para nosotros, para nuestros hijos y para los colegios que la imparten un trato menos favorable", ha recordado que en las Comisiones Provinciales de Conciertos recientemente celebradas, donde los representantes de la Junta ya adelantaban esta negativa, se dio el apoyo de "patronales, sindicatos y padres" a la idea de otorgar la subvención.

"Los padres de la educación diferenciada también abonamos impuestos, con los que se pagan la educación de nosotros; en una sociedad plural, y nosotros apostamos por ello, debe haber todos los modelo públicos, mixtos-concertados y diferenciados-concertados", ha subrayado García, que asegura no entender cómo desde la Junta, "que nos había manifestado en múltiples ocasiones que nos retiraban los conciertos porque una ley le obliga a ello, ahora incumpla esta ley orgánica".

Y es que los colegios, a pesar de la negativa cosechada el pasado ejercicio escolar, han vuelto a reclamar el concierto en base a la aplicación de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Los argumentos utilizados para denegar el concierto vuelven a ser la jurisprudencia establecida en distintas sentencias del Tribunal Supremo y el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución española, que rechaza cualquier tipo de discriminación por sexo, pese a que los centros alegan que la propia sentencia del Supremo establece esta enseñanza como legítima y no discriminatoria.

Los centros andaluces implicados son Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posadas (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).