El Gobierno británico deberá revisar su decisión de no autorizar una investigación pública sobre la muerte por envenenamiento en Londres en 2006 del exespía ruso Alexander Litvinenko, según dictaminó hoy el Tribunal Superior de Londres. Ante una demanda planteada por la viuda, Marina Litvinenko, el tribunal  concluyó que el Ejecutivo debe reconsiderar su posición pues "las deficiencias en el razonamiento son tan sustanciales que la decisión no se sostiene".

El tribunal dio a la ministra del Interior, Theresa May, hasta el próximo viernes para recurrir el dictamen, calificado por la viuda del antiguo espía como "muy sólido". Un portavoz del Ministerio de Interior declaró que están "valorando cuidadosamente el veredicto" y reiteró la voluntad del Ejecutivo de "colaborar plenamente" con la investigación forense del caso, que ya está en marcha y se limita a determinar las circunstancias de la muerte del exagente.

Alexander Litvinenko, un exagente del KGB exiliado en el Reino Unido, murió el 23 de noviembre de 2006 a los 43 años, envenenado con la sustancia radiactiva polonio-210, tras haber tomado té en un hotel de Londres con dos antiguos colegas rusos. Su viuda sostiene que fue asesinado por órdenes del Kremlin y ha revelado que, en el momento de su muerte, su esposo trabajaba para los servicios secretos británicos MI6.

Los tres jueces del Tribunal Superior señalaron hoy que las razones dadas por May para denegar la investigación pública -básicamente, que ya había otras abiertas, la policial y la forense- "no ofrecen una base racional" suficiente que justifique la negativa.

Durante el proceso en el Tribunal Superior, los abogados de Marina Litvinenko argumentaron que la investigación pública es necesaria y de interés general, pues hay que dirimir si fue asesinado por "asuntos delictivos privados" o si, en cambio, se trató de "un asesinato patrocinado por un Estado perpetrado en territorio del Reino Unido por órdenes del Gobierno ruso".

El abogado del ministerio del Interior, Neil Garnham, arguyó a su vez que la pesquisa solicitada, pública y con declaraciones de testigos, es innecesaria al haber las otras dos en marcha. Uno de los jueces del Tribunal Superior advirtió este martes de que, si May planea recurrir el dictamen emitido y mantener su negativa, "necesitará mejores razones" a fin de proporcionar "una base racional" a su decisión.

El propio juez forense, Robert Owen, reclamó que se lleve a cabo una investigación pública, pues la que él preside, obligatoria en el Reino Unido en casos de muertes sospechosas, se ha visto muy restringida por el veto del Gobierno a divulgar documentos confidenciales, en aras de la seguridad nacional. "El argumento a favor de poner en marcha de inmediato una investigación oficial tal como pide el forense es muy sólido", reconocieron los magistrados del Superior.

La investigación forense, en paralelo a una policial que está estancada por la negativa de Rusia a entregar a sospechosos, se abrió en 2006 pero, por diferentes motivos, no celebró sus primeras vistas preliminares hasta el año pasado. Durante esas audiencias, los abogados de Litvinenko dijeron que en el momento de su muerte el exespía trabajaba para el MI6 y colaboraba también con el CNI español.

El Gobierno británico prohibió a ese tribunal la divulgación de documentos que pudieran comprometer al Estado ruso y limitó la aportación de los servicios de inteligencia británicos.

Las investigaciones de la Policía londinense sobre el caso, que consternó al mundo en 2006, provocaron tensiones diplomáticas entre Londres y Moscú, hasta que el actual Gobierno del primer ministro David Cameron consiguió restablecer las relaciones en 2011.

A la salida del Tribunal Superior, la viuda de Litvinenko se confesó hoy "muy contenta" con el dictamen. "Es increíble. Demuestra que no había ninguna razón para decir que no tenía derecho a una investigación pública", declaró, al tiempo que pidió al Gobierno británico que "acepte la decisión".