Junta garantiza que ha decidido la suspensión de ayudas del Plan Orienta a UGT-A "con la ley en la mano"

"La palabra la tiene ahora el sindicato"
Miguel Ángel Vázquez, este martes
Miguel Ángel Vázquez, este martes
EUROPA PRESS
Miguel Ángel Vázquez, este martes

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este martes que se ha decidido la suspensión del abono de 3,6 millones de euros a UGT-A por el Plan Orienta correspondiente a 2013 "con la ley en la mano".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha recordado que la Junta, desde el primer momento, ha mantenido que en toda la investigación que se ha abierto en torno a las ayudas concedidas a UGT-A se iba a aplicar el "rigor y el cumplimiento estricto de la ley".

Ha indicado que, en este caso, viendo lo que establece la ley que rige la concesión de los Planes Orienta, la de Hacienda Pública, se ha considerado "oportuno suspender el abono de las ayudas correspondientes al año 2013 del Plan Orienta, porque la normativa dice de manera taxativa que no se podrá proponer el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa".

"La decisión se ha adoptado con la ley en la mano", según ha expresado el portavoz, quien ha agregado que si UGT-A cumple con la norma, se abonarán las ayudas.

Para Miguel Ángel Vázquez, hay que esperar a los acontecimientos y la "palabra la tiene ahora" el sindicato, que tendría que presentar la documentación correspondiente a los planes Orienta de otros ejercicios que no haya presentado aún.

Ha querido dejar claro que UGT-A cumple con los requisitos para recibir ese tipo de ayudas y, por derecho, en función del proceso de concurrencia competitiva le correspondían esos 3,6 millones de euros por el Plan Orienta, si bien no ha presentado la justificación de los programas anteriores, lo que ha llevado a la Junta a aplicar el artículo 124 de la Ley andaluza de Hacienda Pública, que marca la suspensión cautelar del pago.

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