El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Aragón, Carlos Aparicio, ha solicitado que, de forma "inmediata", el alcalde de Mallén, Antonio Asín, presente su dimisión, y abandone también su acta como diputado provincial en Zaragoza, después de que la Audiencia Provincial le haya condenado a siete años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación administrativa.

Aparicio ha manifestado en una nota de prensa que "no podemos estar hablando en las instituciones de transparencia cuando no se toman medidas efectivas para luchar contra la corrupción que, tristemente, se extiende por todos los rincones políticos de este país".

Así, ha recalcado que "defendemos enérgicamente que cualquier cargo público imputado por un delito de presunta corrupción ha de dimitir inmediatamente y debe de ser apartado del partido al que pertenezca, como así se hizo" en este caso, "mientras se investigan y juzgan los hechos por los que ha sido imputado".

UPyD ha recordado que meses después de ser expulsado del PSOE por su imputación, el pleno del Ayuntamiento de Mallén aprobó la dedicación exclusiva del alcalde con un salario anual de 21.000 euros, tras dejar de percibir ingresos por esa dedicación exclusiva en la Diputación Provincial de Zaragoza.

A su entender, "seguimos cayendo una y otra vez en errores que atentan directamente contra la democracia y contra la confianza de los ciudadanos en la clase política".

Derroche y la falta de transparencia

Carlos Aparicio ha considerado que "la corrupción tiene que ver con el derroche y la falta de transparencia y control, con un modelo territorial en el que las Comunidades autónomas crean organismos opacos que sólo sirven para la creación de redes clientelares".

Igualmente, "tiene que ver, desde luego, con la politización de la Justicia, que dificulta la persecución de los delitos públicos" y "con la falta de democracia interna en los partidos, de modo que se perpetúan los grupos de poder sin necesidad de rendir cuentas".

El coordinador de UPyD en Aragón ha concluido que "la corrupción en España es un problema, sobre todo, institucional" y, por tanto, "su solución tiene que ser institucional, mediante las reformas legales necesarias, asunto que ha de ser abordado de forma urgente".