El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha concertado una reunión con la concejal delegada de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, y está celebrando asambleas entre los trabajadores de diversos servicios y áreas, al objeto de esclarecer la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y evitar que la llegada de nueva normativa se traduzca en nuevas pérdidas de empleo, pues el Consistorio suma 862 puestos vacantes según sus propios presupuestos de 2014.

Las protestas sindicales han regresado al Ayuntamiento hispalense a cuenta de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. Dicha normativa, entre otras cosas, determina que los ayuntamientos tendrán "la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan", especificando todas y cada una de las competencias municipales e imponiendo la obligación de "evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera".

Tras la entrada en vigor de esta nueva regulación, el Ayuntamiento hispalense paralizó el comienzo de tres escuelas taller cofinanciadas entre esta institución y la Junta de Andalucía, extremo que afecta a los 18 monitores y 72 alumnos asociados a dichas iniciativas. Según el Gobierno municipal del PP, en esta situación inciden tanto el plan de ajuste promovido por el Ayuntamiento merced al real decreto Ley 4/2012, promovido por el Estado para habilitar vías de endeudamiento a fin de que las administraciones saldasen deudas con sus proveedores, aunque a cambio de sacrificios económicos, como la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la conocida reforma de la administración local.

El informe del interventor

Según el Gobierno local, estas tres escuelas taller contaban con consignación económica en los presupuestos municipales, pero la Intervención General del Ayuntamiento ha formulado un "reparo" al expediente de contratación de los 18 monitores de las escuelas taller en el sentido de que, merced a la aplicación del plan de ajuste y la reforma local, no procedería librar fondos municipales para equiparar sus salarios a los del convenio colectivo del Consistorio.

Dado el caso, es necesario reconfigurar el expediente de contratación con unos salarios ceñidos exclusivamente a la financiación aportada por la Junta de Andalucía para estas iniciativas. Mientras el propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado que las tres citadas escuelas taller comenzarían esta misma semana, la Intervención General habría emitido un informe similar y con los mismos efectos, sobre unos 40 auxiliares administrativos asociados a los servicios sociales comunitarios encargados de sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia.

En un escenario en el que la nueva regulación está incidiendo sobre los trabajadores externos asociados a programas y servicios financiados por otras administraciones pero canalizados a través del Ayuntamiento, Manuel Loza (CCOO), presidente del comité de empresa del Consistorio hispalense, ha manifestado a Europa Press que los representantes de la plantilla han concertado para la tarde de este lunes una reunión con la concejal de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, al objeto de analizar el impacto de la nueva regulación. Y es que, según Loza, después de la reunión celebrada el pasado viernes con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, el primer edil se habría reunido con los concejales cuyas delegaciones resultan más afectadas por la mencionada ley.

Asambleas informativas

En paralelo, y para que los trabajadores cuenten con la información necesaria, los sindicatos están celebrando asambleas entre los colectivos laborales del Ayuntamientos más afectados por la nueva regulación, como es el caso de los empleados de los programas que el Consistorio, con cargo a los fondos de otras instituciones, realiza en materia de servicios sociales, empleo o consumo.