El Pleno de Congreso, con los votos del PP en solitario, ha aprobado la reforma de la justicia universal propuesta por los propios populares con el rechazo en bloque de toda la oposición parlamentaria a una iniciativa que supondrá el archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como el caso del Tíbet que ha molestado a Pekín.

La Cámara baja ha aprobado la proposición de ley que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que se conoce como la justicia universal. En el debate de la propuesta, los grupos de la oposición han acusado al Gobierno de "arrollar" los derechos de los españoles al plegarse a los exigencias de países como China para eliminar la justicia universal en España, si bien el PP lo ha negado y defiende que la norma amplía la investigación de delitos cometidos en el extranjero.

La oposición ha reprochado también al PP que la "impunidad" se convertirá en la verdadera marca España y han tachado de "inconstitucional" el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles que, según ha defendido el PP, crean "falsas expectativas" a las víctimas ya que la mayoría acaban archivadas.

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición han explicado su oposición a la iniciativa del PP, sin que se hayan pedido ni siquiera informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, tras reunirse con la familia del cámara de televisión José Couso —asesinado en Irak— ha avanzado que si la reforma sigue adelante acudirán al Tribunal Constitucional (TC) porque creen que afecta a la tutela judicial efectiva y supone "estrangular" la justicia universal por el camino rápido.

También la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que ha expresado todo su apoyo a la familia de Couso, con quienes se ha reunido también en la mañana de este martes, ha dicho que las restricciones que el PP quiere imponer a la jurisdicción universal son "claramente una infamia".

No encuentra ningún tipo de justificación "política o jurídica" a esta reforma, que atribuye al "plegamiento" del Gobierno a China para evitar que sean perseguidos los responsables de la represión en el Tíbet.

Rosa Díez espera que el PP recapacite y si no lo hace en términos políticos que lo haga al menos sopesando sus intereses electorales, "que parece ser que es la única manera que tiene de recapacitar", teniendo en cuenta —ha ironizado— que los chinos no votarán en las elecciones europeas. A ver si por "esa vía", ha subrayado, se consigue que siga habiendo justicia en España y los ciudadanos españoles no queden "desprotegidos".

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha destacado que la propuesta, a pesar de estar "disfrazada" al presentarse como una proposición del PP, es una iniciativa del Gobierno, al que ha criticado que la forma de llevar a cabo la reforma, "deprisa" e intentando limitar informes y plazos en la tramitación. "Lo único que puede denotar es que está cediendo a presiones interesadas y nos parece que una reforma de este calado lo que exige, en caso de hacerla, es una reflexión bastante profunda", ha añadido.

Desde el grupo Mixto, el portavoz de ERC, Alfred Bosch, ha recalcado que los delitos contra la humanidad y todos los que sean universalizables "hay que poderlos juzgar en cualquier lado del universo". "Por eso son universales, así que estamos en contra de esta limitación extraordinaria que se suma a otras limitaciones que ya existían", ha dicho.

La proposición del PP, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

También fija las condiciones en el caso de delitos de desapariciones forzosas y torturas, como que el presunto responsable sea español o que la víctima fuese española en el momento de los hechos y siempre que el imputado se encuentre en nuestro país. La Audiencia Nacional tramita en este momento diversas causas bajo ese principio de Justicia Universal.

Además de la causa que afecta al expresidente chino Jiang Zemin, también podría verse afectada la investigación sobre la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, ya que en este caso los militares imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz son ciudadanos estadounidenses que no se encuentran en España.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido la necesidad de modificar la regulación de la justicia universal en España para clarificar "qué se puede o no se puede hacer" y al tiempo evitar que se convierta en una suerte de "disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos".

Alonso ha defendido que, "contrariamente a lo que se va diciendo por ahí", su propuesta es un intento de cambio normativo que pretende poner claridad y acomodar nuestra legislación al derecho internacional y a los convenios que ha firmado España. "Muchas veces se promete mucho, se genera una gran expectativa, pero pasados los años no consigue ningún resultado y en cambio sí se consiguen conflictos y, además, en actuaciones que no se compadecen con la manera de actuar de nuestros socios y los países de nuestro entorno", ha afirmado.

Según ha señalado, la actual legislación cumple "de manera imperfecta" con el principio de no intervención que establece la Carta de Naciones Unidas en el sentido de que la intervención española fuera de su ámbito de soberanía es "excepcional".

Además, ha destacado que la iniciativa del PP amplía el listado de delitos que pueden ser perseguibles fuera de nuestro país más allá de los relacionados con el terrorismo, el tráfico de seres humanos o el narcotráfico.

En este sentido, ha explicado que se podrán perseguir delitos de violencia de género, que no estaban incluidos, o supuestos como la mutilación genital femenina, que ahora sólo es perseguible cuando el agresor regresa España y el PP propone que se pueda actuar contra él cuando sea residente en territorio español, aunque no regrese a nuestro país.

En el caso de delitos contra menores —ha añadido—, solo se contemplan los de prostitución o corrupción menores, mientras que el PP plantea que pueda aplicarse la jurisdicción universal a cualquier otra agresión sexual a menores. Para Alonso, un ejemplo "bien explicativo" es también el "turismo sexual", que antes no se podía perseguir y sí se podrá cuando se apruebe la reforma del Partido Popular.

El portavoz del grupo popular ha insistido en que su partido tiene "ganas de debate" y de poder explicar su propuesta, así como una "disposición absoluta" a abordar los cambios con la oposición y que la tramitación parlamentaria pueda mejorar el texto. Según sus cálculos, la reforma podría estar en vigor antes del verano.