La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha cifrado en 3.613 las personas de la región a las que se les ha quitado la ayuda por dependencia en el año 2013, por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista pedirán explicaciones al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz.

Además, según Maestre, "se calcula que en Castilla-La Macha hay 3.500 personas que podrían haber fallecido esperando la resolución de la ayuda por dependencia", por lo que ha advertido a Echániz que "no caiga en la tentación de falsear datos, porque en la página oficial de Ministerio de Sanidad todos los indicadores de 2013 en la aplicación de la ley son negativos".

"Hay menos solicitudes, expedientes, resoluciones, prestaciones y lo único que sube son las personas en lista de espera, en torno a 1.200 personas más, lo que supone más de 5.000 personas que están esperando y que muchas de ellas fallecen esperando a que se resuelvan estas ayudas", ha afirmado Maestre, al tiempo que ha indicado que, según datos del Ministerio, en la región hay "1.868 dictámenes menos y se está atendiendo a 2.147 personas menos".

"gobierno inhumano"

Maestre también ha denunciado que desde el Gobierno regional se están recortando las prestaciones a la dependencia haciendo "revisiones de oficio sin que nadie los pida". "Se trata de enfermedades degenerativas y por desgracia estos usuarios van a ir a peor", sin embargo, "se resuelven de oficio 3.000 expedientes que dicen que —estos usuarios— están mejorando", ha afirmado.

En este sentido, la portavoz del PSOE ha señalado que hay situaciones que reflejan "el gobierno inhumano de María Dolores de Cospedal" y ha puesto como el ejemplo el caso de una menor de nueve años que precisaba atención continuada, ya que "sin esa atención corría el riesgo de morir de forma inminente, y a la que se le ha recortado la prestación económica".

Asimismo, ha indicado que otra de "las tácticas" del Gobierno de Cospedal es aplicar un "régimen de incompatibilidades maligno, malévolo e irregular", al darse casos de niños en edad escolar a los que se les está aplicando dicha incompatibilidad entre el acceso a la educación y la prestación por dependencia.

"Esos niños tienen derecho a la educación y es intolerable que se le adjudique incompatibilidad por la enseñanza. Son criterios inhumanos que obligan a los padres a obviar la escolarización de los hijos, los obligan a renunciar a las ayudas y todo para recortar y quitar un derecho como el derecho a la sanidad o a la educación", ha aseverado.