Los soldados podrán seguir en las Fuerzas Armadas hasta los 42 años, tendrán derecho a una paga equivalente al salario mínimo al acabar su prestación de servicio y contarán con reserva de un cupo para acceder a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, según el proyecto de Ley de Tropa y Marinería, aprobado el viernes por el Gobierno.

Con esta nueva medida, José Bono planea acabar con un modelo de ejército profesional "fracasado" y que fija una plantilla de 86.000 soldados, frente a los entre 102.000 y 120.000 que establecía la legislación vigente.

En este sentido, la plantilla quedará configurada por el 35% de soldados con una prestación de compromiso corto, un 45% de larga duración (hasta los 42 años) y un 20% de permanentes.

El anteproyecto, según el ministro, garantizará la formación, la permanencia, el prestigio y la estabilidad económica y laboral de los soldados y marineros, y su aplicación, "sin grandes costes" económicos, marcará un "hito".

La futura ley, que ahora deberá comenzar su trámite parlamentario, crea la figura del reservista de especial disponibilidad con derecho a percibir mensualmente una asignación económica equiparable al Salario Mínimo Interprofesional, compatible con otras percepciones a excepción del desempleo.

Incluye el reconocimiento del tiempo servido en los Ejércitos como mérito para el acceso a las Administraciones Públicas, y establece una mejora en los sistemas de formación profesional y programas de incorporación laboral concertados con los empresarios.

Según declaró Bono, a partir de ahora los soldados si quieren se podrán jubilar en el Ejército y cuando se jubilen tendrán una paga equivalente al salario mínimo interprofesional.

Asimismo resaltó que a los 5 años de prestación de servicios tendrán unas plazas reservadas tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. En este sentido también anunció que habrá acuerdos con las comunidades autónomas para reservar cupos en las policías autonómica y locales.

Esta ley, sentenció Bono, supone "un acto de justicia porque da seguridad laboral a quienes se ocupan de nuestra seguridad". Por otra parte, el ministro indicó que el coste adicional de la aplicación de la ley no será "muy relevante" y estimó que hasta el año 2014 no tendrá significación y en 2025 tendrá un coste adicional sobre el modelo actual de 350 millones de euros