La Infanta Cristina declara este sábado, más de dos años después de que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso Nóos, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon —mercantil de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin— como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las administraciones públicas.

Pese a que las pesquisas dieron sus primeros pasos a principios de 2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.

El hecho de que la hija del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.

Así, la aparición de su nombre ya al inicio del sumario —cuyo secreto fue levantado en diciembre de 2011— en relación a unas compras de carácter particular cargadas a esta sociedad y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa.

La acusación popular consideraba, en base a los datos reunidos hasta entonces, que la Infanta pudo ser beneficiaria directa del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo a raíz de los ingresos obtenidos de Baleares y la Comunidad Valenciana -unos 5,9 millones de euros- y, por tanto, encubridora, cómplice o cooperadora necesaria de la actuación irregular del Duque, quien ya había sido imputado mes y medio antes por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

Días después de la petición de Manos Limpias, la Fiscalía Anticorrupción se oponía al encausamiento de la Infanta al no apreciar indicio incriminatorio alguno que la vinculase con las actividades de Nóos o de que las conociera, y el 5 de marzo el juez José Castro rechazaba imputarla, en línea de lo argumentado por el Ministerio Público, al recalcar que hasta entonces no había aparecido ninguna prueba contra ella. Posteriormente, el magistrado se defendía de las acusaciones de Manos Limpias de no querer citarla para no "estigmatizarla", lo que según Castro era una "palmaria falsedad que ni tan siquiera admite disculpa".

Sin embargo, la decisión del instructor del caso Nóos, confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Baleares, no impidió que los interrogatorios por parte de Castro continuasen su curso con el objetivo de profundizar en torno a la gestión de la sociedad de los Duques y, entre éstos, los de varios testigos que aseguraron que Urdangarin les ofreció, en presencia de su mujer, ser contratados por la empresa "de los señores" pese a realizar en realidad tareas domésticas en el domicilio particular del matrimonio.

De hecho, en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 en enero de 2013, la Agencia Tributaria acusaba a Urdangarin de haber interpuesto a Aizoon para facturar servicios de carácter personalísimo que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF y beneficiarse a su vez de un tipo inferior en el impuesto de sociedades.

No obstante, ninguna referencia hacía al papel que desempeñaba la Infanta al frente de esta sociedad, a pesar de que, según Hacienda, durante 2007 y 2008 su marido habría defraudado al fisco al menos 240.000 euros al utilizar a Aizoon como "pantalla".

Torres apunta a la infanta

El nombre de la Infanta resurgió con fuerza el 16 de febrero de ese año, cuando Torres, citado nuevamente por el magistrado en calidad de imputado, aseguró en su declaración que la Casa Real supervisaba y estaba al corriente de las actividades desplegadas por Nóos, y más en concreto la Duquesa y el secretario personal de las hijas del Rey, Carlos García Revenga, también encausado.

Manos Limpias anunció entonces que volvería a solicitar la imputación de doña Cristina en base tanto a las afirmaciones de Torres como a los numerosos correos electrónicos que éste aportó a la causa.

A partir de ahí, el sindicato continuó sondeando el papel de la Duquesa al frente de Aizoon mediante la solicitud de diversas diligencias de investigación a las que accedió el juez, entre ellas la comprobación acerca de si Urdangarin, la Infanta, Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, se habían acogido a la amnistía fiscal para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos, en lo que suponía la primera resolución de Castro dirigida a indagar las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de la Duquesa.

La acotación así de las pesquisas a la actuación de Doña Cristina y la entrega paralela de nuevos correos por parte de Torres en los que Urdangarin consultaba con su mujer las diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos, derivarían finalmente en la imputación de la Infanta, el 3 de abril de 2013, a través de un auto de 18 páginas en el que el juez Castro veía a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos.

De este modo, sostenía que sin la presencia de la hija del Rey Don Juan Carlos en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el Duque y su exsocio no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.

Sin embargo, la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y de los propios Duques de Palma llevaron a la Audiencia Provincial de Baleares a tener que pronunciarse sobre los recursos interpuestos por todos ellos contra la decisión de Castro.

El tribunal dejó sin efecto la imputación de la Infanta, si bien abrió la vía para que ésta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales a través de Aizoon, al haber defraudado presuntamente al fisco y ante la posibilidad de que hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita habría percibido Aizoon.

Investigación de las cuentas e inmuebles

Se inició así con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. Sin embargo, hasta el momento la AEAT ha desvinculado a la Infanta de presuntos fraudes a nivel fiscal y de blanqueo, lo que no ha evitado que el juez Castro quiera llegar al fondo del asunto con la nueva imputación de la hija del Rey.