Los delegados de los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla; CCOO, UGT, CSI-CSIF, el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) y el Sindicato Profesional de Policía Municipales de España en Sevilla (Sppme), han celebrado este viernes una reunión con el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), para analizar el impacto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la conocida y anunciada reforma de la administración local.

Todo surge a cuenta de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. Dicha normativa, entre otras cosas, está destinada a "evitar duplicidades de competencias" entre las administraciones, "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".

Así, y por ejemplo, esta nueva regulación regula las competencias de la administración local, impide "la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico o un plan de ajuste" y "suprime monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes", reservando al Estado "las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales".

En ese sentido, los sindicatos avisan de que los efectos de la nueva normativa se traducen ya en casos como el de las tres escuelas taller cuyo inicio ha sido paralizado al impedir la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que el Ayuntamiento sufrague con sus fondos la equiparación del sueldo de los 18 monitores con los salarios del convenio colectivo del propio Consistorio. Igualmente, señalan que lo mismo sucede en el caso de unos 40 auxiliares administrativos asociados a los servicios sociales comunitarios encargados de sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia.

El secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla, Santiago de los Reyes, ha manifestado al respecto, en declaraciones a Europa Press, que en el caso de los auxiliares asociados a los servicios sociales comunitarios, "es cierto que la Junta ha tenido un retraso en el programa", pues hablamos siempre de trabajadores ligados a programas de actuación financiados principalmente por las administraciones estatal o autonómica, pero prestados a través del Consistorio, que cofinancia una parte. No obstante, ha señalado que, en efecto, media también un informe de la Intervención General según el cual "el Ayuntamiento no puede contratar a los auxiliares" y los mismos se encuentran en paro.

"La reunión ha sido moderadamente satisfactoria. Le hemos entregado al alcalde un informe de un abogado del Ayuntamiento con posibles alternativas. No se trata de hacer trampas ante la ley de reforma local, sino de buscar soluciones de índole legal" que permitan mantener los puestos de trabajo. Y es que, según este portavoz sindical, incidencias como las ya señaladas podrían afectar a unos "400 trabajadores" que prestan servicios en diferentes programas de empleo y asuntos sociales que realiza el Ayuntamiento gracias a la financiación aportada por el Estado y la Junta de Andalucía. "El alcalde se ha comprometido a estudiar el informe y el martes habrá una nueva reunión de carácter técnico", ha dicho.