El Ministerio de Hacienda ha reclamado al Ayuntamiento de Soria 850.000 euros de una obra de la primera fase del Plan E, en concreto de la actuación ejecutada en el polígono Las Casas en 2009, por supuestos retrasos en la pago de cuatro certificaciones, hecho ante el que el Consistorio soriano ha presentado una demanda judicial.

El concejal de Hacienda, Luis Rey, ha considerado que se trata de una reclamación "desproporcionada" y ha asegurado que los pagos se efectuaron dentro de los plazos "ajustándose a las diferentes normativas que regulan estos abonos y siempre en tiempo tras el visto bueno del órgano correspondiente de contratación".

Además, Rey ha puntualizado que los retrasos que argumenta el Ministerio de Hacienda son de uno, dos, cinco y 14 días, respectivamente.

El Ministerio de Hacienda reclama prácticamente el 80 por ciento de una actuación ejecutada en el polígono de Las Casas en un vial entre la zona del bosque infantil y los huertos municipales y La Barriada.

El concejal ha estimado que "es una barbaridad que soliciten esa cantidad y obviamente el Ayuntamiento recurre a la vía judicial para defenderlo".

Defiende su pago a tiempo

"El Ministerio apunta a un exceso de entre un día y 14 en cuatro pagos y el Ayuntamiento argumenta que según las diferentes legislaciones y los plazos de 30 días de verificación y 30 días de pago, todas se abonaron en tiempo", ha reiterado el edil.

Rey además ha insistido en que "no se comprende que se reclame toda la cantidad y que, lo que es más importante, se cumplió perfectamente todo el plan tanto en plazos, como en ejecución de la obra, como en contratación de personal vinculada a la misma".

Las actuaciones además se pagaban en un 70 por ciento inicial y un 30 por ciento posterior con la supervisión de la Subdelegación del Gobierno de Soria y "siempre se cumplieron todos los trámites", ha señalado Luis Rey.

De este modo, el edil ha apostillado sus dudas sobre "si tendrán que ver o no algunas consideraciones políticas" y ha asegurado que al equipo de Gobierno le queda "cierta sensación de persecución que preocupa notablemente".

A esta sospecha ha añadido también la "preocupación" en la disminución de los ingresos de capital por parte de otras administraciones que se resumen en el ejercicio pasado en 18.000 euros.