El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha afirmado que el Gobierno regional está a la espera de recibir la respuesta de la Comisión Europea sobre el estudio del préstamo participativo solicitado para hacer viable la apertura del aeropuerto de Corvera por parte de la anterior concesionaria, Aeromur. En caso de ser compatible, no le cabe "ninguna duda" de que el aeródromo abriría el 18 de septiembre de 2014.

Campos asegura que esta opción "se puede hacer, sin ninguna duda, es en lo que estamos trabajando", según ha hecho saber en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comparecido junto al vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, y el portavoz de la Administración regional y consejero de Industria, Empresa e Innovación, José Ballesta.

El préstamo participativo, ha aclarado, "lo concede la Comunidad Autónoma por tramos, con un interés fijo y variable, que cubre el déficit de caja, tan solo, en los diez primeros años y que, a partir del décimo año, no permitiría la recuperación del importe de esa cantidad que puede rondar los 170 millones de euros y que sería devuelta entre el año 2024 y 2051 con una cantidad total de unos 195 millones".

En caso de salir adelante el préstamo participativo, Campos ha insistido en que la concesionaria podría obtener esos 182 millones para proceder a la cancelación de la garantía que ha cubierto la Comunidad en virtud de la exigencia del aval.

A continuación, a través de la ayuda del préstamo participativo, durante los diez primeros años se podría atender "al déficit de caja o, en su caso, la puesta en funcionamiento del aeropuerto, que son las distintas hipótesis que admite la Comisión Europea".

No obstante, en caso de que la Comisión diga que el préstamo participativo no es compatible, Campos señala que hay otras opciones y la Comunidad va a estudiar las ayudas al turismo, al empleo y a escuchar propuestas de la otra parte.

El consejero de Presidencia ha recordado que tanto la Consejería de Obras Públicas como la concesionaria presentaron recientemente sendos escritos a la Sala en los mismos términos, pidiendo la suspensión del procedimiento del que deriva la pieza de medidas cautelares, con el fin de posibilitar el trabajo conjunto y cerrar el 20 por ciento de los trámites que quedan para la apertura del aeropuerto.

Al mismo tiempo, recuerda que el 14 de enero, varios miembros del Gobierno regional mantuvieron una reunión en Bruselas con el comisario de la Competencia, en cuya virtud se planteó la posibilidad de que el Gobierno regional solicitara información sobre la compatibilidad de un préstamo participativo con la legislación europea.

Los responsables del Gobierno regional expusieron al comisario que el aval había sido ejecutado, que la Comunidad había pagado los 182 millones y que, en todo caso, el préstamo participativo "debía de conectarse al aval que se había concedido por ley de la Comunidad autónoma".

Ha señalado que hay dos opciones: que el préstamo participativo se considere ayuda de Estado o que sí se considere como tal, un supuesto en el que sería "totalmente compatible" con que Aeromur retome los trabajos. En este sentido, el Gobierno regional expuso a los responsables de la Comisión Europea su interés en buscar "una solución pactada".

El director general de la Competencia trasladó su visión inicial y solicitó una documentación que actualmente se está preparando y que, en breve, será remitida por el consejero de Obras Públicas, lo que permitirá conocer por anticipado la visión de la Comisión Europea sobre la compatibilidad de ese crédito participativo.

Este préstamo participativo "permitiría que la concesionaria obtuviera un crédito de 200 millones de euros de otras entidades y pudiera verificar el pago de 182 millones de euros que, de momento, ha adelantado la Comunidad en virtud del aval", según ha detallado Campos.

En caso de que el préstamo sea declarado compatible, Campos ha señalado que se abriría una fase en la que la concesionaria liberaría a la Comunidad del crédito que ha hecho efectivo en su condición de avalista. A continuación, el Gobierno regional llevaría al Consejo de Gobierno la solicitud de autorización para llevara a cabo un acuerdo transaccional con la concesionaria.

El consejero de Presidencia ha avanzado que la Comunidad tendría que elaborar entonces el documento de transacción, solicitaría el informe de los servicios jurídicos de las consejerías competentes y, finalmente, del Consejo Jurídico, para cerrar el tema "con un acuerdo del Consejo de Gobierno que, en todo caso, sería llevado a la Sala de lo contencioso-adminsitrativo y validaría el conjunto de las actuaciones".

Cobro de la deuda tributaria

Por otro lado, Bernal ha admitido que la Comunidad reclamó este jueves a la concesionaria del aeropuerto de Corvera, Aeromur, el pago de los 200 millones de euros que debe a la Administración autonómica porque "está obligada a hacerlo" por ley, al igual que procede con el resto de contribuyentes.

En este sentido, Bernal ha señalado que esta reclamación no es "un obstáculo" para las negociaciones que el Ejecutivo lleva adelante con Aeromur. De hecho, ha señalado que la estrategia que ha emprendido el Gobierno regional "es absolutamente compatible con el hecho de que una deuda tributaria tiene que ser reclamada", ya que "no existe ninguna otra posibilidad", y "no puede haber contribuyentes de primera y de segunda categoría".

Bernal ha asegurado que el Gobierno actuó de forma "coordinada" y que, de hecho, este mismo jueves por la mañana, varios miembros del Ejecutivo celebraron una reunión para estudiar la estrategia a seguir.

El vicepresidente ha explicado que la orden se dio este jueves "ante una petición de Aeromur de suspensión del procedimiento del cobro de la deuda y que fuera sin garantías". La Consejería de Economía y Hacienda, una vez estudiada la petición, llegó a la conclusión de que la normativa "no permite de ninguna forma esta posibilidad".

En concreto, el Gobierno regional accede a la suspensión de la deuda, pero "condicionada a que se presente una garantía", tal y como establece la normativa y estatal. Por tanto, ha insistido en que la decisión tomada por el Ejecutivo "era la única posible" y, por tanto, "no hubo más remedio que tomarla".

Providencia del tsj

Por otra parte, Campos ha destacado que la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia "pude ser un auto" si se hubieran proveído, al mismo tiempo, los escritos de la concesionaria y del director de los servicios jurídicos de la Comunidad".

Sin embargo, ha aclarado que el consejero de Obras Públicas trasladó a los servicios jurídicos el contenido de un acuerdo en virtud del cual se iban a llevar estas negociaciones al director de los servicios jurídicos y creyó, en consecuencia con la actuación procesal de la Comunidad, primero aportar esos documentos para que obren en poder de la Sala y, luego, responder jurídicamente con la posición del Gobierno".

Ha advertido que, si se sacara un concurso para elegir una nueva concesionaria, "lo primero que haría la parte demandante sería solicitar la suspensión y, puesto que los perjuicios serían irreparables, se acordaría".

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