El consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, Pedro Nevado-Batalla, ha destacado que el Ejecutivo regional acta la sentencia emitida por el Tribunal Supremo sobre Valdecañas, pero ha apuntado que "existen herramientas jurídicas para poder recurrir".

Nevado-Batalla se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas, después de que la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimara los recursos de la Junta de Extremadura, la entidad Marina Isla Valdecañas S.A, y los ayuntamientos cacereños de El Gordo y Berrocalejo, contra las sentencias del TSJEx que declararon nulos el decreto y el Proyecto de Interés Regional (PIR) que dio lugar al complejo turístico extremeño Marina Isla de Valdecañas.

A preguntas de los periodistas, el consejero de Administración Pública ha señalado que "todavía es demasiado pronto" pero realizar una "afirmación tajante" sobre las acciones que va a realizar el Ejecutivo extremeño.

"Nosotros vamos a impugnar, vamos a recurrir de acuerdo a lo que el derecho nos pueda llegar a facilitar", ha aseverado Nevado-Batalla, quien ha apuntado que el proyecto Isla de Valdecañas es "tremendamente importante" para la región.

Nevado-Batalla ha aclarado que "este no es un proyecto del Gobierno extremeño ni es un proyecto de ningún gobierno concreto", sino que se trata de "un proyecto regional que está generando en torno a 300 empleos directos e indirectos, con una capacidad empleadora muy importante".

Un proyecto que se enmarca "dentro del respeto al principio de desarrollo sostenible", y en ese sentido, Nevado-Batalla ha destacado la necesidad de "compatibilizar ese desarrollo sostenible también con el desarrollo económico, turístico, y sobre todo del empleo en Extremadura".

Así, ha destacado que el Gobierno extremeño acata la sentencia "como no podía ser de otra manera", y la respeta, pero ha apuntado que "existen herramientas jurídicas para poder recurrir, para poder hacer frente a ella".

Y es que, según ha señalado, el Ejecutivo extremeño entiende que "hay una vulneración del principio de legalidad" habida cuenta de las modificaciones de los años 2010 y 2011, pero "todavía la conflictividad jurídica en relación al asunto no ha finalizado con esta sentencia del Tribunal Supremo".

Ha añadido que todavía existen varios pleitos en el Tribunal Superior de Justicia en relación con los planes urbanísticos de los municipios afectados por esa actuación urbanística, por ese proyecto, "que no se acaba" en el PIR, ha dicho el consejero.

En ese sentido, ha destacado el Ejecutivo extremeño va a "seguir trabajando en este asunto", ya que "no es un proyecto cualquiera" y ha aseverado que "se van a esgrimir todas las posibilidades jurídicas que se tengan sobre el asunto".