Junta lanza una batería de medidas para luchar contra la economía sumergida y competencia desleal en el sector

En 2013 se levantan casi 700 actas de infracción en el conjunto de Andalucía y se estima que el 20% de la oferta es alegal
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, en rueda de prensa
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, en rueda de prensa
EUROPA PRESS
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, en rueda de prensa

La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta ha elaborado una batería de medidas para luchar contra la clandestinidad y la competencia desleal en el sector turístico en Andalucía, con el objetivo de provocar el afloramiento de las actividades turísticas que se desarrollan dentro de la economía sumergida o en un marco de alegalidad.

La propuesta del Gobierno andaluz, que ha sido presentada este viernes en Málaga por el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, incluye la obligatoriedad de todos los establecimientos y empresas del sector de inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía, la aprobación de una normativa por parte de la Junta que dé cobertura a las actividades que actualmente se realizan en un marco de alegalidad, y la constitución de mesas provinciales contra la clandestinidad, en las que participen las tres administraciones públicas.

Todas estas medidas, enmarcadas dentro del Pacto Andaluz por el Turismo, van a ser debatidas con los agentes sociales en la Mesa por el Turismo de Andalucía, que se celebrará el 14 de febrero. De manera que la Consejería prevé que puedan ser aprobadas a lo largo de este año.

El consejero ha insistido en que el principal objetivo que se persigue no es sancionar, sino incentivar el afloramiento no solo de la economía sumergida en el ámbito turístico, sino también de la alegal.

De hecho, el sector estima que en torno al 20 por ciento de la oferta turística en la región es alegal, es decir, que no está regulada por la legislación. En cuanto a la actividad ilegal, en 2013 se levantaron en el conjunto de la Comunidad, un total 683 actas de infracción por competencia desleal.

"Lo que queremos es facilitar la competencia legal entre todos los formatos que intervienen en la industria turística, y, por tanto, que toda la oferta, que en muchos casos es alegal, se legalice, cotice, pague sus impuestos, reúna unos mínimos de calidad y favorezca los derechos de los consumidores", ha explicado Rodríguez.

Además de esto, la Consejería persigue incrementar y mejorar la capacidad inspectora para combatir la clandestinidad, de modo que los servicios de inspección turística actúen en el máximo de sus posibilidades.

Al respecto, una de las medidas que propone la Consejería de Turismo y Comercio es la obligatoriedad de que todas las empresas y establecimientos que realizan actividades en el sector se inscriban en el Registro de Turismo de Andalucía —cuyo decreto se va a presentar próximamente para su aprobación por el Consejo de Gobierno—.

De este modo, según ha señalado Rodríguez, una vez que se ponga en funcionamiento dicho registro, todas las actividades turísticas que se publiciten en cualquier medio, deberán incluir de manera obligatoria en su publicidad el número de registro.

"La no inclusión del número de registro en la publicidad, se entenderá de manera directa como que se está realizando una actividad clandestina, y, por tanto, será condición suficiente para el levantamiento de un acta de infracción por parte de la inspección turística", ha manifestado el consejero, quien ha insistido en que con esto el Gobierno andaluz "da un paso cualitativo al permitir a los servicios de inspección analizar toda la oferta turística y actuar de oficio directamente levantando actas de infracción".

La inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía es gratuita y se hace mediante una declaración responsable, y, una vez realizada, incluye una serie de controles que se llevarán a cabo por parte de la Administración autonómica para garantizar la calidad del servicio.

Uso turístico de las viviendas residenciales

Otra de las medidas sobre las cuales trabaja la Consejería consiste en regular jurídicamente una serie de actividades turísticas que, según ha explicado, en este momento se realizan "de manera habitual sin la suficiente cobertura legal".

En este sentido, Rodríguez ha hecho referencia a la regulación de los albergues turísticos. "Nos parece una figura importante, que en Europa existe, que en muchas ciudades andaluzas ya existe, pero que no tiene cobertura legal", ha afirmado.

Del mismo modo, la Junta quiere regular las llamadas viviendas de uso turístico, después de que, según ha detallado Rodríguez, la modificación realizada en la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Gobierno central, haya dejado fuera esta figura, que en el territorio nacional únicamente está regulada en Cataluña.

Así, el Gobierno autonómico prevé regular esta actividad a través de una orden que, según ha asegurado el consejero, "está bastante avanzada", y que recoge el uso turístico de viviendas residenciales tanto en la modalidad de vivienda completa, como en la de alquiler de habitaciones, pudiendo ser compartida con el propietario y ofrecer al mismo tiempo otros servicios como el de desayuno.

Por su parte, en los establecimientos de alojamiento turístico se pretende regular las habitaciones triples y cuádruples, ya que hasta la fecha tampoco estaba permitida este tipo de comercialización en la oferta reglada.

Mesas provinciales contra la clandestinidad

Por último, dentro de estas iniciativas se incluye la constitución de mesas provinciales contra la clandestinidad, propuestas como un instrumento que facilite la coordinación de todas las instituciones con competencia en la materia —Administración central, regional y local— con el objetivo final de facilitar la actividad inspectora y reguladora.

La primera de estas mesas de trabajo se creará en Málaga el próximo 12 de marzo. Rodríguez ha señalado que la intención es que estas mesas "funcionen como una especie de ventanilla única a la hora de canalizar bien denuncias o propuestas para mejorar o incluir modificaciones". Según ha manifestado el consejero, esta figura ya existe en la ciudad de Sevilla y "funciona con una operatividad razonable".

La preocupación de la Consejería, según ha asegurado el propio Rodríguez, tiene que ver con la falta de respuesta por parte del Gobierno central para tratar el problema de la clandestinidad turística con el Ejecutivo andaluz.

Así, el consejero ha subrayado que el pasado 3 de diciembre solicitó una reunión a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, para tratar específicamente este asunto y "coordinar esfuerzos", una petición que, según ha relatado, reiteró por escrito el 8 de enero.

"A día de hoy todavía estoy esperando a que la delegada del Gobierno considere oportuno tener una reunión de trabajo con la Consejería de Turismo y Comercio para analizar la situación de la clandestinidad", ha criticado Rodríguez, quien ha añadido que "no se puede hablar con quien no quiere oír". "Cuando se están gestionando recursos públicos resulta fundamental deslindar las posiciones partidarias de las institucionales", ha sostenido.

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