El Consell de Govern, que se ha reunido este viernes, ha aprobado el Proyecto de ley de protección de consumidores y usuarios de Baleares, el cual "moderniza la legislación", que estaba vigente desde 1998 y "protege más al consumidor", ya que es más restrictivo con los productos perjudiciales para la salud, las cláusulas abusivas y amplía las sanciones muy graves.

Según ha presentado el conseller de Salud, Martí Sansaloni, en rueda de prensa, esta nueva normativa, "protege más al consumidor" y "define un nuevo concepto" del mismo ya que estable que los consumidores son "las personas físicas o jurídicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión".

Además, ha indicado Sansaloni, el nuevo texto, que ahora se tramitará en el Parlament, proporcionará una "mayor seguridad jurídica" y otorgará "más garantías tanto a los consumidores como a la inspección de consumo" porque deja "menos espacios para la interpretación" al definir "de manera detallada" las obligaciones de los inspectores.

Así, ha especificado que las sanciones se mantienen tal como estaban con la anterior normativa, por lo que las leves se mantienen entre los 300 euros y 4.500 euros y las graves oscilan entre 4.500 y 24.000 euros. Sin embargo, las muy graves pasan de 600.000 euros a 660.000 euros en "un ejercicio de responsabilidad y no por afán recaudatorio", ha dicho.

Cabe destacar que además se regula la reducción de la sanción por pago inmediato y se prevé una rebaja en el caso de infracciones leves si se abona la cantidad adeudada en un plazo de 15 días.

Productos que implican riesgos

Respecto a los productos que impliquen riesgos, se establecen una series de normas para que las empresas garanticen la seguridad y que no peligre la salud de los consumidores y usuarios. Así, tendrán el deber de informar sobre los posibles riesgos, así como la obligación de conservar y facilitar la documentación relacionada con los mismos.

En cuanto al etiquetado de este tipo de productos, tal como pasaba con la anterior ley, esta norma establece que tendrá que estar como mínimo en castellano, pudiendo estar también en catalán.

Además, la nueva normativa introduce la "protección al consumidor vulnerable", que es el que se puede encontrar "especialmente indefenso" (menores, personas mayores, enfermos o discapacitados y otros consumidores en situaciones de inferioridad).

"irrenunciabilidad de los derechos"

Asimismo, el Proyecto de ley regula "la irrenunciabilidad de los derechos" y "la interpretación de las normas a favor del consumidor" por lo que en el caso de dudas o diferencias interpretativas siempre se interpretará a favor del consumidor.

Esto también se verá reflejado en la regulación "con mucho más detalle", ha dicho Sansaloni, de los "intereses económicos y sociales de los consumidores". En este sentido, se concreta más la protección frente a las cláusulas y prácticas abusivas, las técnicas comerciales agresivas y la calidad de los productos, entre otros supuestos.