Navarro (PP) afirma que al Gobierno de Canarias le "asusta" que el Constitucional examine la Ley Turística

La portavoz parlamentaria del PP de Canarias, Australia Navarro, ha afirmado que al Gobierno regional le "asusta" que el Tribunal Constitucional examine la legalidad de la Ley Turística de Canarias.
María Australia Navarro.
María Australia Navarro.
CEDIDA.
María Australia Navarro.

La portavoz parlamentaria del PP de Canarias, Australia Navarro, ha afirmado que al Gobierno regional le "asusta" que el Tribunal Constitucional examine la legalidad de la Ley Turística de Canarias.

En un comunicado, la popular advirtió al Ejecutivo que "el imperio de la Ley está por encima de la moratoria turística de Rivero, que no debería temer que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad por su carácter discriminatorio e intervencionista".

Navarro reiteró aquí las dudas de legalidad de una normativa que prohíbe arbitrariamente la construcción de nuevos hoteles de 4 estrellas en Canarias en suelo turístico ya calificado y aseguró que "el inmovilismo de CC y del PSOE a la hora de reformar la moratoria justifica que el Gobierno central esté planteándose recurrirla ante el Tribunal Constitucional".

"No estamos ante el debate sobre quién legisla en materia turística en Canarias, estamos en el debate de si lo que se legisla atiende o, por el contrario, vulnera la legalidad vigente, el principio de no discriminación consagrado en nuestro ordenamiento jurídico", manifestó.

Insistió en que en el PP tienen "serias dudas" de la legalidad de la moratoria turística y comentó que, al parecer, "en el Gobierno de Paulino Rivero también, al ver cómo se "asusta" ante la posibilidad que el Constitucional examine la legalidad de la ley turística canaria de CC y del PSOE".

De esta manera, admitió su sorpresa "por la reacción airada del Gobierno regional ante un recurso de inconstitucionalidad cuando el Ejecutivo de Rivero lleva toda la legislatura recurriendo reformas del Gobierno del PP como la ley educativa, la reforma de las administraciones, las leyes presupuestarias o la autorización de prospecciones de hidrocarburos".

"Paulino Rivero emplea la teoría del fonil: él puede recurrir las leyes y decisiones legítimas y ajustadas a ley del Gobierno de España, pero el Gobierno de España no puede ni siquiera sopesar la posibilidad de presentar un recurso contra una normativa autonómica ante las sospechas de legalidad que comporta", concluyó.

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