La jueza que instruye el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha abierto nuevas diligencias por los avales concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), hoy agencia IDEA, y por las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a Astilleros de Huelva.

Igualmente, ha acordado incorporar al sumario de los ERE los fondos a la Faja Pirítica.

La jueza de Instrucción 6 de Sevilla apunta que los oficios policiales han revelado "serias irregularidades" en los avales concedidos por el IFA, que "indiciariamente podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitraros de concesión".

Alaya acuerda abrir diligencias separadas para Astilleros de Huelva y el IFA, tal como había pedido la Fiscalía Anticorrupción para no dilatar el caso de los ERE, que ya acumula casi cuatro años de instrucción y 141 imputados.

En cuanto a la ayuda de cinco millones de euros a Astilleros de Huelva, concedida en noviembre del 2011, la magistrada apunta que "la procedencia de esa subvención, así como su excepcionalidad y el procedimiento seguido merece un análisis pormenorizado y separado de la presente causa" para el caso de que la investigación "revele una actuación fraudulenta de la Consejería de Empleo".

El PP-A, que ejerce la acusación en el caso, había denunciado que para conceder esa ayuda, la Junta había "prescindido total y absolutamente" del procedimiento establecido en la orden de abril del 2011, por la que se aprobaron las bases de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en reestructuración.

Alaya señala que, aunque la ayuda fue otorgada con cargo a la partida presupuestaria 31L, conocida como fondo de reptiles, "no se otorgó en aplicación de la orden de abril de 2011".

En lo que respecta a los avales del IFA, el auto recoge que "se ha dado la circunstancia de que muchas de las empresas que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales o de empresa, objeto de las presentes actuaciones, han sido también beneficiarias de ayudas públicas de salvamento o reestructuración concedidas por la agencia IDEA".

Así, añade que se han dado casos en los que simultáneamente a la autorización por parte del consejo rector de IFA del pago en ejecución de un aval de salvamento "se encontraba en proceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a favor de esas mismas empresas".

El último auto de Alaya señala también que muchos de esos avales no habían sido autorizados por el Consejo Rector o el Consejo de Gobierno andaluz y además traspasaban el límite de la asignación presupuestaria, por lo que "es posible que su existencia tampoco fuera comunicada a la dirección general de Tesorería".

Y apunta la posibilidad de que las ayudas no cumplieran el requisito de autorización previa por parte de la Comisión Europea y que se incumplieran los requisitos de publicidad. "En definitiva, las irregularidades expuestas merecen un análisis pormenorizado y separado de la presente causa, por si las mismas revelaren una actuación fraudulenta" de IFA.

De acuerdo con las normas de reparto de los juzgados de Sevilla, Alaya acuerda quedarse con las dos nuevas diligencias, que se tramitarán de manera separada a la de los ERE.