La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha asegurado que la Generalitat "no quiere que se hable del valenciano para conflictos ni para polémicas y ese fue el espíritu para el que se creó la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y que viene recogido en su ley de creación", al tiempo que ha subrayado que lo que está haciendo el Consell es "ceñirse a la defensa férrea del Estatuto de Autonomía".

La titular de Educación se ha manifestado en estos términos tras la entrega de los Premios Casa Caridad a preguntas de los medios sobre la polémica en torno a la definición de valencia que se recoge en el 'Diccionari Normatiu Valencià' (DNV) de la Acadèmia Valencia de la Llengua (AVL), que ha provocado la crítica de algunos miembros del PPCV y sobre el que la propia Català ha pedido un dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Català ha asegurado que "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer". "No queremos —ha proseguido— que esto se trabaje desde el punto de vista político, tampoco científico, nosotros estamos trabajando desde el punto de vista jurídico".

"Para nosotros lo más importante es el Estatuto de Autonomía y simplemente queremos un dictamen para de alguna manera, clarificar la compatibilidad de la definición del valenciano regulada en ese diccionario con la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y con el Estatuto de Autonomía; por lo tanto, no queremos que se hable del valenciano para conflictos ni para polémicas y ese fue el espíritu con el que nació la Acadèmia y que viene recogido en su ley de creación, simplemente, nos ceñimos a la defensa férrea de nuestro Estatuto y sobre todo en este momento a analizar si ese Estatuto y esa ley de creación son compatibles con la definición que se ha adoptado", ha argumentado.

A Català se le ha preguntado la razón por la que el Consell "no se fía del organismo creado para determinar" el valenciano, a lo que ha contestado: "No es cuestión de no fiarse, lo que pasa es que existe un dictamen previo del CJC donde se establece que no se tiene que poner en cuestión el nombre del valenciano" y ha agregado que "la norma es la labor de la Acadèmia y, evidentemente, el nombre no tiene que estar en cuestión".

En este punto, ha apuntado que el Consell piensa que en la definición de la AVL, "con la incorporación o la asimilación al catalán, de alguna manera se puede interpretar que está en cuestión ese nombre". "No ponemos en cuestión el trabajo de la Acadèmia, que tiene que trabajar en la norma, no en el nombre", ha insistido.

Acerca de la declaraciones del presidente del CJC, Vicente Garrido, diciendo que éste es un tema que corresponde a la AVL, María José Català ha hecho notar que el dirigente del Jurídic Consultiu dice lo mismo que ella, "que una cosa es el nombre del diccionario y otra la norma":

Català —que ha señalado que "por supuesto" el CJC elaborará el informe solicitado— ha reiterado que "ésta es una cuestión meramente jurídica, sobre la compatibilidad de la ley de creación de la Academia y del Estatuto con la definición del valenciano puesto que en el Estatuto pone que el nombre de nuestra lengua es el valenciano, en la ley de creación se dice que el nombre de nuestra lengua es el valenciano y, evidentemente, en ese diccionario se incorpora la asimilación al catalán".

En el caso de que el CJC considerar que la denominación de catalán y valenciano no son compatibles, Català ha manifestado que "ahí tendrá que ser la Acadèmia la que valore si la decisión, la opinión del CJC, ha de ser incorporada a su trabajo". Por su parte, ha recordado que se trata de "dos órganos estatutarios que respetamos todos y que evidentemente se han de hacer respetar sus dictámenes y sus opiniones".

Aunque los dictámenes que emite el CJC no son vinculantes, la consellera ha señalado que "desde el Gobierno valenciano siempre se ha velado para que su opinión sea incorporada a la normativa, precisamente, porque si tenemos un órgano estatutario como es el CJC, tiene que estar ahí para que de alguna manera sus opiniones, valoraciones sean incorporadas".

"el mismo rango"

"A mí me cuesta pensar que un órgano estatutario como es la Acadèmia no asuma la opinión o la perspectiva de un órgano estatutario como es el CJC, dado que los dos tienen el mismo rango y evidentemente tienen que tener el respeto de todos y por lo tanto sus opiniones han de ser incorporadas y valoradas por todos", ha recalcado.

También se ha referido a la petición hecha por el presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC) para que se deje trabajar a la AVL, sobre la que ha comentado que "por supuesto" que hay que dejar a la Acadèmia que haga su labor, "así como al CVC y también al CJC, son órganos estatutarios, hay que dejarles trabajar y respetar sus opiniones, todas las opiniones, las de todos, no las de unos sí y las de otros no", ha precisado.

Català también ha sido interrogada por si a ella, personalmente, le 'chirría' la definición. Al respecto, ha dicho: "Yo no entro a valorar ese extremo, creo que el Gobierno valenciano tiene que velar por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, es decir, la circunstancia jurídica".

Seguidamente, y sobre si comparte las críticas sobre esta cuestión del conseller de Justicia y secretario general del PPCV, Serafín Castellano, María José Català ha respondido que, "evidentemente", comparte "el posicionamiento que como gobierno hemos planteado desde el principio sobre este tema".

"pendiente de la opinión"

Cuando se le ha pedido opinión sobre el hecho de que la AVL haya publicado en su web el 'Diccionari' antes de que esté el dictamen del CJC, ha recordado que la AVL advierte que la definición de valenciano ha sido objeto de una petición de dictamen al CJC, por lo tanto, en ese sentido, la misma Acadèmia "toma conciencia, además manifiesta, de que esa situación está pendiente de una opinión que, aunque no es vinculante, es muy importante a esos efectos".

Por último, y preguntada por si se siente cuestionada por Presidencia, Català ha remarcado: "En absoluto, yo pienso que he trasladado la voluntad del Gobierno valenciano y del presidente en esta materia a todos los organismos afectados y, evidentemente, desde una posición que el presidente he adoptado siempre de tranquilidad, en la que el gobierno no realiza ninguna injerencia, en la que no plantea esto como algo político". "He trasladado a las instituciones el planteamiento tranquilo de la posible duda jurídica que tenemos sobre el Estatuto", ha aseverado.