La portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes, Carmen Martínez, ha exigido a la Diputación General de Aragón (DGA) que cumpla el convenio, firmado en octubre de 2013 con el Ayuntamiento de Zaragoza, mediante el cual se comprometió a financiar 37 plazas de personas dependientes en la Casa Amparo, lo que no ha ocurrido, ya que hay 32 ocupadas.

Martínez defenderá en Comisión una proposición no de ley en la que insta a cumplir el convenio y también a revisarlo en el plazo de dos meses, "adecuándolo a la necesidad de la población dependiente de la ciudad de Zaragoza con el fin de garantizar la atención a personas dependientes".

La diputada ha ofrecido una rueda de prensa, en la que ha afirmado que hay 58 plazas concertadas de un total de 90 —posibles— sin cubrir y ha alertado de que hay más de 8.000 zaragozanos en lista de espera según datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), lo cual es "inadmisible", ya que "lo lógico, ante una lista de espera tan alta, sería que las plazas sin cubrir fueran cero y el Gobierno estuviera buscando alternativas".

Carmen Martínez ha lamentado que cuando se aprobó la Ley de Atención a la Dependencia "nunca fue dotada económicamente como se merecía, pero desde que entró el Gobierno del PP los recortes han sido mucho más severos".

En julio de 2012 la Ley sufrió —en toda España— un recorte de 1.000 millones de euros, una medida que "se carga casi de un plumazo el Estado del Bienestar, deja a las personas dependientes en una situación de desprotección y crea una situación que solo sirve para engrosar las listas de las oficinas de empleo".

La parlamentaria de Chunta ha asegurado que el Gobierno autonómico sigue la línea de actuación del Ejecutivo central, ya que en 2013 han sido atendidas en Aragón un 25 por ciento menos de personas dependientes y hay 8.000 personas que tienen reconocido el derecho a percibir una prestación pero no la reciben.

COMPETENCIAS

En la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana hay "otro problema añadido", como es "la mala distribución de competencias al no estar creada la comarca". Martínez ha argumentado que el Gobierno regional delega parte de la gestión de la atención a la dependencia en las comarcas, pero en el caso del área metropolitana de la capital aragonesa no es así, al no existir la entidad supramunicipal y los ayuntamientos "tienen que dar soluciones a los problemas y de esta forma asumen competencias que no les son propias".

Sin embargo, ha proseguido la portavoz de Sanidad de CHA, con la entrada en vigor, el pasado 31 de diciembre, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, los ayuntamientos no van a poder prestar estas competencias, de tal forma que la ciudad y los municipios de su entorno "se van a quedar al albur de lo que el PP-PAR quiera hacer con ellos".

Carmen Martínez ha considerado que "la política de recortes que está llevando el PP-PAR en Aragón solo sirve para dejar a las personas más desprotegidas y que las listas de desempleados aumenten".

"alumno aventajado"

Por su parte, el concejal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza Carmelo Asensio, responsable de políticas sociales en su Grupo, se ha quejado de que "el Gobierno PP-PAR se ha convertido en alumno aventajado de la política de recortes" del Gobierno de España, apuntando que en tan solo dos años, de 2011 a 2013, se ha aplicado un recorte de 40 millones de euros a las políticas de atención a la dependencia.

Ha afirmado que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi y el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, "han destruido 3.000 puestos de trabajo" en la atención a dependientes, ya que se ha pasado de 3.660 trabajadores del sector contabilizados a 613 en 2013, lo que significa una reducción de un 83 por ciento de empleo femenino casi en su totalidad.

Así, ha continuado Carmelo Asensio, Aragón ha pasado de ser la tercera legislatura en cuanto al nivel de aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia a ser la décimo cuarta, la tercera por la cola, aplicando el Gobierno de Rudi unos recortes que "también están llegando al Ayuntamiento de Zaragoza".

El convenio marco firmado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento para prestar este servicio se ha reducido de 7,2 a 5,2 millones de euros, a lo que se suma un "tijeretazo de cuidado" en el convenio de la teleasistencia y la supresión de una partida de 400.000 euros para atender a personas inmigrantes.

"También le ha tocado a la Casa Amparo", ha lamentado el concejal de CHA-Zaragoza, quien ha asegurado que desde que gobiernan Aragón PP y PAR "no han derivado ni una persona dependiente" desde 2011 a este equipamiento municipal, "el principal instrumento" con que cuenta el Consistorio para atender a vecinos dependientes.

La Casa Amparo tiene un presupuesto anual de siete millones, 68 empleados y recibe de la DGA 565.000 euros; ingresa un millón anual de las cuotas que pagan los usuarios de la Casa.

De las 76 plazas de dependientes ocupadas en noviembre de 2011 se ha pasado a 32 en la actualidad "y la principal causa han sido los fallecimientos", ha apuntado Asensio. "Desde entonces el PP-PAR no ha hecho absolutamente nada", ha dicho.

"compromiso nulo"

El edil de Chunta ha considerado que en el incumplimiento del nuevo convenio, que prevé dotar 37 plazas y no las 32 actualmente cubiertas, "se evidencia una vez más el compromiso con el Ayuntamiento es nulo", igual que con la Ley de Atención a la Dependencia.

En opinión de Carmelo Asensio "el cuarto pilar del Estado del Bienestar está siendo demolido". Ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el viernes de la semana pasada una moción a iniciativa de CHA para que el convenio vuelva a dotar 90 plazas —como en 2011— y que el Ejecutivo autónomo lo cumpla.

Asimismo, CHA-Zaragoza ha solicitado que el Ayuntamiento mantenga las 25 competencias sociales que están "en la cuerda floja" debido a la reforma local: "no queremos que estos servicios se queden en el camino, no queremos que se privaticen y queremos garantizar los derechos básicos de las personas", lo cual "pasa porque estas competencias no las gestione la derecha".

Ha indicado que el Ejecutivo regional abona 1.430 euros al mes por plaza, una cantidad insuficiente, ya que el coste de la asistencia a un dependiente severo, según el Observatorio de la Dependencia, es de 2.650 euros mensuales.

Asensio ha comentado que la tercera planta de la Casa Amparo cuenta con 90 plazas, médico permanente, terapeuta y enfermería, lo que está a "años luz" del servicio que se presta en el sector privado. "No hay nada mejor que el sector público para prestar estos servicios", ha agregado.