El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha anunciado que ha remitido al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía otros cuatro expedientes sobre subvenciones a UGT-A.

Además, ha detallado las ayudas que están siendo investigadas. En concreto son 19 expedientes de subvenciones correspondientes a 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Sánchez Maldonado ha informado este jueves en comisión parlamentaria de la situación de los procedimientos de revisión iniciados y tramitados por su departamento sobre subvenciones concedidas a UGT-A.

En total se han iniciado y tramitado 19 procedimientos, de los cuales cuatro expedientes se encuentran con el procedimiento de reintegro de subvenciones iniciado. Hay otros cuatro pendientes de la emisión de informe del gabinete jurídico y 11 en fase de tramitación.

El consejero ha precisado que hay una subvención, correspondiente a un expediente de 2012, por valor de 600.000 euros, ayuda que fue concedida, y a cuyo cobro ha renunciado la propia entidad.

En su comparecencia a petición propia, Sánchez Maldonado ha indicado de que el procedimiento abierto se sustenta en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley de Subvenciones Públicas, así como en su reglamento.

Atendiendo a estos preceptos normativos, la Consejería ha abierto nueve procedimientos en la Dirección General de Relaciones Laborales, en concreto tres expedientes de 2008, tres de 2009 y otros tres de 2010, todos vinculados a acciones de promoción, asesoramiento y actividades llevadas a cabo por UGT-A.

En dos de ellos (uno de 2009, por 1,1 millones de euros; y otro de 2010, por 700.000 euros) se inició el procedimiento de reintegro de subvenciones con fecha 13 de enero, por 1,8 millones de euros. Y ha recordado que el inicio de estos dos expedientes fue notificado a la entidad el 15 de enero y se encuentra en fase de alegaciones.

Sobre los otros siete expedientes incluidos en la Dirección General de Relaciones Laborales, en cuatro se ha solicitado ya informe al gabinete jurídico sobre las acciones a llevar a cabo, después de haber terminado el instructor su tarea.

El segundo bloque de actuación afecta a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. En esta área se han abierto en noviembre y diciembre pasados seis procedimientos de información previa vinculados a actividades divulgativas y de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales correspondientes a 2009, 2010 y 2011.

Todos se encuentran en información previa y, según ha asegurado el consejero, la Junta procederá en adelante conforme al criterio que determinen el funcionario instructor y el gabinete jurídico.

En esta misma Dirección General existe también otro expediente, de 2012, en el que la entidad beneficiaria ha renunciado al cobro de la subvención. En concreto, esta subvención está acogida a actividades divulgativas y de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales y el importe de la misma asciende a 600.000 euros. Fue solicitada el 12 de febrero de 2012 y concedida el 27 de diciembre del mismo año. El sindicato solicitó la renuncia el 25 de octubre de 2013.

El consejero también se ha referido a los expedientes en relación con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde se han iniciado cuatro procedimientos de revisión dentro de las competencias que ahora recaen en la Dirección General de Políticas Activas de Empleo. Se trata de un expediente de 2010 relativo a estudios de difusión y aplicación en algunos sectores y otros tres sobre unidades de orientación de 2009, 2010 y 2011.

El 15 de enero se activaron dos procedimientos de inicio de reintegro de los programas Orienta 2009 y 2010, y cuyo importe alcanza 1,8 millones de euros. "Estamos aplicando la legislación y vamos a actuar en base a lo que establece la normativa en estos casos y en base a las indicaciones del gabinete jurídico de la Junta", ha asegurado Sánchez Maldonado, quien ha subrayado que el trabajo de la Administración se está llevando a cabo "con todas las garantías jurídicas".

Sánchez Maldonado ha asegurado que el primer interesado en que se acabe este proceso y se efectúe de forma rápida es él, puesto que "estoy interesado en que se acabe esta especie de calvario político", aunque deja claro que está sometido al "imperio de la ley", que contempla un plazo máximo de 12 meses en dicho procedimiento.

En ese sentido, deja claro que "por nada del mundo" quiere agotar ese tiempo y va a exigir a su equipo que "no se agoten esos plazos", pero asevera que se someterá a la legalidad. "Vamos a cumplir la legalidad y no nos van a temblar las piernas sobre lo que nos digan los servicios jurídicos", ha apuntado Sánchez Maldonado.

El consejero ha defendido el "compromiso con la transparencia" del Gobierno andaluz, así como con el "esclarecimiento de los hechos, poniéndonos a trabajar de inmediato desde que tuvimos conocimiento de esas posibles irregularidades".

Según ha detallado, han sido 31 iniciativas de diversa naturaleza las que se han respondido en sede parlamentaria sobre este asunto. De éstas, se contestaron siete preguntas de control oral en seis sesiones, además de una comparecencia a petición propia. A esas hay que sumar 23 iniciativas escritas contestadas por la Consejería sobre subvenciones a UGT-A.

En una comparecencia posterior, Sánchez Maldonado ha asegurado que no se ha firmado ninguna exoneración a ninguna entidad beneficiaria, aunque por ley podría haber dictado exoneración a cualquier entidad, pero "no ha sido el caso y no se ha firmado ninguna exoneración, aun siendo legal. Asimismo, insiste en que no está retrasando los plazos en ningún procedimiento y que se mantiene "en los raíles de la legalidad".

Por su parte, la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, que destaca como novedad que también se investiguen ayudas de 2008, ha pedido una auditoría integral de todos los fondos de empleo y asegura que no se "conforma" con esos 19 expedientes, toda vez que considera que "esto huele mal y debe haber más fraude en más expedientes".

"Esto no es causa contra UGT, los sindicatos son necesarios, pero lo que no es legal es haber cometido fraude", ha agregado.

Tras preguntar "qué criterio sigue la Consejería para revisar los expedientes", considera que la Junta "hace un trato de favor al sindicato hermano, y según la Ley de Subvenciones podría haber solicitado el reintegro antes, y han tardado cuatro meses; eso es un trato de favor de ida y vuelta".

"No vamos a permitir que nos engañen ni jueguen al despiste", asevera la diputada, quien pide responsabilidades políticas "en aras de una dignidad".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez destaca el "interés personal y político" del consejero para que se esclarezcan los hechos y asevera que "la Junta no ha estado parada". Pide "celeridad y rapidez en otros casos" y que se demanden responsabilidades políticas "en todos los ámbitos".

Gómez ha recordado que "el objetivo es que se reintegre lo que se haya hecho indebidamente, pero el objetivo no es perseguir a nadie; esto no es la santa inquisición y los afectados deben tener sus plazos y sus tiempos".

Por su parte, la diputada del PP Rosalía Martín ha valorado el compromiso de la Junta con la transparencia, pero cree que "no es suficiente" y demanda que "se trabaje en ello".