La Eurocámara ha dado luz verde este miércoles a una directiva que garantiza mejores condiciones laborales a los trabajadores temporeros que llegan a la UE procedentes de terceros países.

Estas normas, acordadas por el PE y el Consejo, les asegurarán una vivienda digna y equipararán sus derechos (salario mínimo, horas de trabajo, etc.) a los de los ciudadanos europeos. La CE estima que cada año entran en la Unión Europea unos 100.000 temporeros para trabajar en sectores como la agricultura o el turismo.

Este conjunto de normas, aprobado por 498 votos a favor, 56 en contra y 68 abstenciones, constituye la primera legislación europea que regula la entrada y las condiciones de trabajo de los trabajadores temporeros. Los Estados miembros seguirán decidiendo cuántos inmigrantes de esta categoría aceptan cada año.

Asimismo, cada país determinará la duración máxima de la estancia de los temporeros, que podrá oscilar entre los 5 y los 9 meses dentro de un periodo de 12 meses. Los temporeros podrán prolongar sus contratos o cambiar de empresa dentro de este límite.

Los países de la UE tendrán un plazo de 2 años y medio para adaptar sus legislaciones nacionales a la directiva. En España, la afluencia de temporeros ha estado vinculada tradicionalmente a la agricultura (vendimia, recogida de la fresa, la aceituna y el espárrago, así como cultivos hortofrutícolas) y el turismo.

Según la nueva directiva, cualquier persona que quiera entrar a trabajar en un país de la UE como temporero tendrá que presentar un contrato de trabajo o una oferta de empleo en firme. En ambos casos el documento deberá especificar aspectos esenciales de la relación laboral, como el salario o las horas de trabajo.

A propuesta del Parlamento, el empresario también tendrá que probar que el trabajador dispondrá de un alojamiento adecuado. En caso de que el alojamiento corra a cargo del propio empresario, el importe del alquiler no será excesivo y tampoco se podrá deducir automáticamente del salario del trabajador.

El texto aprobado establece el principio de igualdad de trato con respecto a los nacionales del país de acogida en cuanto a la edad mínima para trabajar, la remuneración por despido, horas de trabajo, vacaciones, libertad de asociación y afiliación, regímenes de seguridad social, derechos de pensión ligados al salario y seguridad en el lugar de trabajo.

Los temporeros también tendrán garantizado el acceso a bienes y servicios públicos del país de acogida, excepto la vivienda pública.

Las nuevas normas facilitarán la tramitación de los permisos y darán prioridad a los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos como temporeros en un Estado miembro en los cinco años previos a la solicitud.

Además, la nueva legislación contempla la imposición de sanciones a los empresarios que no cumplan lo estipulado en la nueva norma, como el pago de compensaciones a los temporeros o la imposibilidad de contratar de nuevo a este tipo de trabajadores. Las empresas subcontratadas también podrán ser sancionadas.