Aplazada hasta el día 25 la declaración de los tres últimos alcaldes y otros imputados por los 'sobresueldos'

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha aplazado hasta el 25 de febrero por "falta de documentación" la declaración prevista para este jueves de los tres últimos alcaldes de Castro Urdiales y de varios exconcejales imputados por prevaricación administrativa por votar a favor de determinadas partidas de complemento personal transitorio en beneficio exclusivo de dos funcionarios concretos.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha aplazado hasta el 25 de febrero por "falta de documentación" la declaración prevista para este jueves de los tres últimos alcaldes de Castro Urdiales y de varios exconcejales imputados por prevaricación administrativa por votar a favor de determinadas partidas de complemento personal transitorio en beneficio exclusivo de dos funcionarios concretos.

Así lo han anunciado a la salida de los juzgados de Castro Urdiales el actual regidor, Iván González (PP), y otros exconcejales de la Corporación, que habían sido citados y que se han tenido que marchar sin prestar declaración después de que sobre las 10.15 horas se comunicase a los abogados el aplazamiento.

Precisamente, ha sido González quien ha sido el más madrugador en llegar a los juzgados pues era el que estaba convocado más pronto, a las 9 horas. González ha atravesado la puerta de los juzgados un par de minutos antes de la hora a la que había sido citado y lo hizo acompañado de su abogado y saludando a los medios de comunicación que allí se encontraban.

"ningún impedimento" a la documentación solicitada

A la salida, se ha limitado a explicar a los periodistas que la declaración se había suspendido ya que el juez había solicitado más documentación al Ayuntamiento, algo para lo que, según el regidor, no se pondrá "ningún impedimento".

También habían llegado a los juzgados dispuestos a prestar declaración la exedil del PP Ana Zubiaurre, citada para las 9.15 horas, y los exconcejales de Acuerdo por Castro Pedro Quintana, Arantza Zubiaurre y Agapito Pastor.

Quien no habían acudido aún a los juzgados cuando se ha conocido la suspensión de la declaración eran los anteriores alcaldes, Rufino Díaz Helguera (PSOE), ahora de AxC, y Fernando Muguruza (PRC).

El juez había citado a los concejales y exconcejales para prestar declaración ampliatoria a la ya prestada. Además, el juez Luis Acayro Sánchez añadió a esta causa una nueva imputación, la del entonces secretario del Ayuntamiento, César Saiz Alonso, al que llama por primera vez a declarar por un posible delito de prevaricación administrativa.

No es la primera vez que se aplazan estas declaraciones, ya que, antes de este jueves, habían sido fijadas para el pasado 26 de noviembre pero el juez las suspendió porque el Ayuntamiento no había remitido la documentación solicitada.

De hecho, en su última providencia, el magistrado denunció que el Ayuntamiento de Castro Urdiales seguía "sin aportar la documentación solicitada o se ha enviado documentación incompleta, parcial o de manera sesgada".

En concreto, señalaba que "se sigue sin responder a un oficio remitido desde hace más de 15 meses, se sigue sin cuantificar determinadas partidas que impiden cerrar la instrucción, se ha remitido el acta de Pleno de 8 de junio de 2012 manipulada, es decir, excluyendo parte de su contenido, y, en parte de la documentación aportada no se concreta lo solicitado".

Junto al actual alcalde, Iván González (PP), y sus antecesores, Fernando Muguruza (PRC) y Rufino Díaz Helguera (PSOE), ahora portavoz de AxC, también están imputados por posible delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de malversación de fondos públicos, los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Elisa Dopico o Concepción Carranza, Ana Gloria Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor y Agustín Fernández, así como los funcionarios que presuntamente se beneficiaron de las partidas de complemento personal transitorio, Pedro Luis Arroyuelos y Gregorio Alcedo.

El magistrado considera que estos complementos se aprobaron en Plenos de 2008 y 2009 "sin amparo legal alguno" y habiendo sido previamente advertidos de la ilegalidad que suponía "hasta en cuatro ocasiones", dos por la técnico de Recursos Humanos y otras tantas por el interventor municipal.

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