Jonathan Moya, el joven de 26 años al que se imputa el secuestro y muerte de la niña onubense de 16 meses Míriam en diciembre de 2012, se enfrenta este jueves a un nuevo juicio acusado de apropiación indebida, estafa continuada y falsedad en documento oficial.

Moya González, quien acumula varias condenas en firme por hechos similares si bien se encuentra en régimen de prisión provisional por el crimen de Abrucena (Almería), debe sentarse en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital. La Fiscalía interesa para él penas que suman casi cinco años de cárcel.

El principal imputado por el asesinato de la niña Miriam ha sido trasladado para asistir a la vista oral desde la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) hasta el centro penitenciario provincial de El Acebuche, donde permanece desde el martes, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Moya González, apodado 'El trolas', cuenta con diversos antecedentes penales por distintos casos de compraventas fraudulentas de vehículos, siempre con el mismo modo de actuar. En la mayor parte de estas causas, cuyos juicios se celebraron tras su detención por la muerte de la bebé onubense, mostró confomidad con las condenas una vez alcanzado un pacto con el fiscal.

Precisamente el Ministerio Público ha solicitado al instructor del rapto y muerte Míriam que el procedimiento por los delitos de asesinato y de detención ilegal se tramite de acuerdo a la Ley del Jurado y ha interesado que se abra pieza separada por el supuesto delito de violación a la madre de la menor contra el principal imputado en la causa, Jonathan Moya.

Cabe recordar que las diligencias previas incluyen la investigación de una supuesta agresión sexual que la madre de la bebé, Gema Cuerda, denunció ante el puesto de la Guardia Civil de Gérgal (Almería) cuando comunicó que Moya González se había llevado "todas sus pertenencias" y a su hija de 16 meses tras mantener una "fuerte" discusión.

Las últimas actuaciones incorporadas a la causa incluyen dos informes elaborados por la Guardia Civil. El primero recoge como conclusión principal que Raúl R.F., imputado por presunto delito de encubrimiento, "era conocedor de sus intenciones de separar a la menor y a su madre en contra de la voluntad de ésta" y que podía, asimismo, "conocer el paradero de ambos" una vez fue secuestrada el 20 de diciembre de 2012. Esto contradice la versión que Moya González dio para exculpar a su amigo.

El segundo informe desmiente, tras unas intensas gestiones en diversas provincias andaluzas y en Extremadura, la existencia de las dos personas a las que Moya González implicó en los hechos y concluye que "puede considerarse sin ningún género de dudas que mintió" en sede judicial durante su ultima declaración en abril de 2013.

También se han incorporado recientemente a la causa, en la que también esta imputada una tía de Moya González por presunto encubrimiento, informes biológicos sobre las muestras recogidas en los que se afirma que "los alelos extras de procedencia desconocida que fueron detectados en las perneras de los leotardos de la menor no coinciden con las características genéticas que definen a C.M.J. —tía de Jonathan Moya— y a Gema Cuerda", madre de la niña.

Esos mismos informes confirman la presencia de AND de Moya González en los films de plástico que envolvía el cuerpo de la niña cuando fue encontrado tras ocho días en paradero desconocido el 28 de diciembre en el interior de una balsa de riego a una distancia de apenas unos 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado el principal implicado en los hechos.

Según los datos que trascendieron del informe preliminar de la autopsia, la bebé, natural de Palma del Condado (Huelva), habría muerto por un "traumatismo craneoencefálico y asfixia mecánica" entre tres y cinco días antes de que fuese hallada sin vida.