El Gobierno de Aguirre pagó un sobrecoste de 85.000 euros a la Gürtel por dos actos del 11-M

  • El primero, en 2004, alababa la labor de los voluntarios que ayudaron en los atentados: el segundo, en 2005, como homenaje a las víctimas.
  • El último informe de la UDEF dice que las empresas de Correa fraccionaban los trabajos por debajo de los 12.000 euros para no ir a concurso.
  • Una empresa de la trama ayudó al PP para financiar sus actos utilizando el nombre de la víctima de ETA Miguel Ángel Blanco.
  • Gürtel manejó 25 millones de euros en B entre 1996 y 2009.
  • La Policía revela más regalos de la red Gürtel a cargos del PP.
Acto homenaje en marzo de 2004 a los voluntarios y miembros de los servicios de emergencia que ayudaron a las víctimas de los atentados del 11-M.
Acto homenaje en marzo de 2004 a los voluntarios y miembros de los servicios de emergencia que ayudaron a las víctimas de los atentados del 11-M.
Comunidad de Madrid
Acto homenaje en marzo de 2004 a los voluntarios y miembros de los servicios de emergencia que ayudaron a las víctimas de los atentados del 11-M.

Allí donde la Comunidad de Madrid organizaba un acto podía haber negocio. La trama Gürtel lo tenía claro. Y los homenajes posteriores que se celebraron tras los atentados del 11-M no iban a ser una excepción. El Gobierno de Esperanza Aguirre, del PP, pagó un sobrecoste de 85.000 euros por dos actos que se hicieron en 2004 y 2005. El primero para alabar a los voluntarios y servicios de emergencia que ayudaron en los trágicos atentados; y el segundo para recordar a las 191 víctimas.

El primero de los actos se produjo el 25 de marzo de 2004, solo dos semanas después de los atentados, en la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid, sede del Gobierno regional. Catorce facturas emitidas por la empresa Down Town Consulting (una de las sociedades 'pantalla' de Correa) para homenajear a los voluntarios y miembros de los servicios de emergencia que participaron esos días en ayudar a las víctimas y a sus familiar. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha analizado en profundidad este acto en uno de los dos últimos informes que ha entregado al juez Ruz, fechado el 31 de enero de 2014.

Los costes del evento fueron de 72.499 euros, pero la trama facturó 121.015 euros, un margen de beneficio de 48.500 euros. Los conceptos que se presupuestaron fueron sonido, escenario para coro y orquesta, diseño e impresión de lona (se pasó dos veces), vídeo conmemorativo, alquiler de 3.500 sillas, decoración floral, generador de 350 kilovatios, figuras conmemorativas, personal de seguridad y azafatas, coordinación y seguro, iluminación, elementos audiovisuales y construcción del escenario.

El informe de la UDEF deja claro que "Down Town Consulting SL fraccionó el coste del montaje en catorce facturas, por importes todas ellas con base imponible inferior a 12.020 euros, al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación reglado por parte de la entidad destinataria de dichas facturas". El coste total, 121.015 euros, hubiera motivado un procedimiento negociado, "con lo que se logró una adjudicación directa al margen de los procedimientos establecidos a tal fin, eludiendo los principios de libre concurrencia".

Análisis de 317 contratos

Un año después, el 11 de marzo de 2005, la Comunidad celebró el primer homenaje a las 191 víctimas de los atentados. Otro acto en la sede del Gobierno regional en Sol. El montaje le costó a otra empresa de la trama, Easy Concept, 29.162 euros, pero facturó 66.111 euros, un beneficio de 36.900 euros, según adelantó la Cadena Ser. Este último acto y el que se ha conocido ahora de los voluntarios analizado por la UDEF suman un sobrecoste de 85.000 euros para las arcas de Francisco Correa.

El juez Ruz ha estado investigando muchos de los contratos que la Comunidad de Madrid adjudicó a las empresas de Correa, como Easy Concept, Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico, Boomerang Drive. Down Town Consulting y Good & Better; y por empresas del Grupo Rafael, una especie de sociedades 'pantalla' que también pertenecían a Correa. El magistrado analizó uno por uno 317 contratos y tuvo problemas con 71, ya que los tuvo que pedir más de una vez ante las reticencias del Gobierno regional. Finalmente, la Comunidad de Madrid comunicó a Ruz que no tenía información sobre ellos.

En total, la Intervención General del Estado, a petición del juez Ruz, llegó a analizar 686 facturas que las empresas de la Gürtel emitieron a la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, facturas que corresponden a esos 300 actos. Facturas que supusieron 6,48 millones de dinero público. El 70% de esas 686 facturas presentaban irregularidades. Correa se aprovechó de su amistad con el exconsejero Alberto López Viejo, también imputado, para que varias consejerías de la Comunidad contrataran con la red. A cambio, López Viejo se llevó unos 400.000 euros en sobornos.

Esperanza Aguirre, en su declaración escrita ante el juez Ruz que hizo a mediados de diciembre de 2013, dejó claro que no sabía nada. Hasta 16 "no lo sé" llegó a contestar al magistrado. "Yo en los actos a que asistía me ocupaba de preparar las palabras que tenía que pronunciar, enterarme de las personas que iban a asistir, saber qué otras personas intervenían, estudiar la situación social y política del municipio, distrito o barrio donde tenía lugar el acto (...). No me ocupaba de quién ponía la iluminación, el sonido para que pudieran enchufar las radios y televisiones, las sillas, las traseras, los atriles, etc. No creo que ningún presidente de empresa, alcalde, ministro o presidente autonómico sepa quién es el encargado de poner megafonía en sus actos", sentenció. En 2010, Aguirre llegó a comentar que se mostraba "satisfecha de haber sido la causante de que el 'Gürtel' se destapara".

Miguel Ángel Blanco como tapadera

No es el único acto relacionado con las víctimas del terrorismo que aparece en el último informe de la UDEF. El PP presentó la Escuela Miguel Ángel Blanco, en homenaje al edil de Ermua asesinado por ETA en julio de 1997, en dos actos celebrados en Bilbao el 31 de marzo y 1 de abril de 2001. La empresa Special Events, de Correa, facturó entonces 4,7 millones de pesetas cuando el montaje del mismo le había costado 3,7 millones de pesetas.

Luego Special Events anulaba esas facturas y las cargaba después a fundaciones afines al PP cambiando el concepto de los trabajos realizados. Así, denuncia la UDEF, los actos de la Escuela Miguel Ángel Blanco fueron facturados a la Fundación Popular Iberoamericana, que abonó 10,8 millones de pesetas por el concepto de “Seminario sobre el papel de los partidos Políticos en Perú”.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento