Los vecinos de Buenos Aires (Salamanca) se han mostrado "esperanzados e ilusionados" de que se llegue a la solución definitiva para el barrio después de que este miércoles hayan mantenido una reunión conjunta con Subdelegación del Gobierno, Delegación de la Junta y Ayuntamiento de la capital.

El portavoz de los vecinos, Emiliano Tapia, ha explicado que los afectados en el barrio por el alto grado de delincuencia, absentismo escolar y venta de drogas, entre otros problemas, han quedado con los representantes institucionales en una nueva reunión dentro de un mes.

En esa segunda cita, una vez que en este primer encuentro los vecinos ya han presentado un informe con los diez principales problemas con los que se encuentran y posibles soluciones, esperan que las administraciones "pongan sobre la mesa" los primeros análisis y las primeras medidas que se puedan llevar a efecto para "seguir avanzando".

Emiliano Tapia ha agradecido que "por primera vez" se hayan sentado en una misma mesa representantes de las tres instituciones, además de responsables de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

Entre los presentes han estado el subdelegado del Gobierno, Javier Galán; el delegado territorial de la Junta, Bienvenido Mena; y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

Por su parte, Javier Galán ha reseñado que todos los asistentes entienden por igual que el problema que vive Buenos Aires se debe a la delincuencia y el narcotráfico, pero también tiene como motivos otros ámbitos como el estructural, el social y el educativo.

Fernández Mañueco ha destacado la preocupación "personal e institucional" por la situación que padece la "gente de bien" del barrio y que son problemas con "raíces profundas" que llevan a las autoridades a pensar en soluciones a medio y largo plazo. No obstante, ha mostrado su convencimiento de que ganarán "la batalla de la convivencia".

Finalmente, Bienvenido Mena ha apuntado que la Junta trabajará en los aspectos que le competen como la búsqueda de nuevas "fórmulas" para reducir la abstención escolar, la revisión del alquiler de viviendas sociales donde no viven los beneficiarios sino otras familias relacionadas con el tráfico de drogas y el estudio de casos como que los pisos no tienen constituidos comunidades de propietarios a pesar de que llevan más de 30 años abiertos junto a obras ilegales en algunos de ellos.