La organización de consumidores Facua Andalucía ha denunciado que la Secretaría General de Consumo de la Junta tiene "tolerancia absoluta" por las irregularidades financieras y "se niega a aplicar a los bancos multas proporcionales al beneficio que han obtenido con las cláusulas suelo, un fraude de miles de millones de euros".

Según indica Facua en una nota, Consumo ha anunciado esta semana que en los próximos meses prevé iniciar expedientes sancionadores a más de veinte entidades financieras cuyas multas no superarán los 400.000 euros, ante lo que la federación de consumidores considera "insultantes" estas cifras, "idénticas a la única multa anunciada hasta la fecha por el fraude de las preferentes, también a raíz de la denuncia de Facua Andalucía".

El secretario general de Facua Andalucía, Rubén Sánchez, reclamó hace meses al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y a la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, que aplicaran el marco sancionador establecido en la legislación andaluza de protección de los consumidores, una petición ante la que "han hecho oídos sordos para culminar los expedientes a la banca con micromultas que representan una tolerancia absoluta ante los fraudes financieros".

Como consecuencia de las denuncias contra una veintena de bancos presentadas por Facua Andalucía en marzo y abril de 2013, el organismo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales inició una campaña de inspección sobre el sector que "pretende saltar con multas absolutamente ridículas teniendo en cuenta la magnitud del mayor fraude financiero que han sufrido los consumidores españoles en la historia".

Facua Andalucía considera "inaceptable" que Consumo "se limite a anunciar multas de hasta 400.000 euros en lugar de sanciones proporcionales a los beneficios obtenidos ilegalmente por la banca, tal y como recoge la legislación andaluza y viene reclamando la federación de consumidores".

Ha recordado que la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece un régimen sancionador que en los casos de las infracciones muy graves puede alcanzar "el comiso del beneficio obtenido con la infracción" (artículo 78) y, "con carácter excepcional", el "cierre" temporal de los establecimientos o "la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción" por un plazo de hasta un año (artículo 76). "El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos", establece la norma.