El secretario general de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro Gosende —hijo del expresidente de la Diputación de Lugo—, ha explicado que sus informes en expedientes de concesión o renovación del servicio de aguas en varios municipios en los que figura la empresa Aquagest responden a su trabajo técnico en la institución provincial y, en concreto, ha detallado que su intervención en un expediente de Santiago de Compostela se redujo a opinar "en una consulta verbal" de Henry Laíño López, que era director territorial de la empresa en Galicia.

El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, dio a conocer primero la existencia de ese informe a la salida del acto de presentación del Plan Termal provincial a cargo del presidente de la Xunta, y a preguntas de los periodistas sobre la existencia de informes atribuidos a Cacharro Gosende en el sumario de la Operación Pokémon.

"El propio secretario me entregó un informe que se dará a conocer hoy en el que niega cualquier tipo de relación con la elaboración de informes para Santiago de Compostela. Yo no lo sé y aludo a lo que él dice, y ya con este documento respondo a una pregunta presentada por el BNG en relación a ese tema, y a la petición del PSOE de los informes emitidos desde 2008 hasta la actualidad", señaló Baltar.

En el escrito del secretario general de la Diputación se detalla su participación en los informes emitidos para los ayuntamientos ourensanos de Celanova, Xinzo de Limia y O Barco de Valdeorras, "a solicitud de los respectivos alcaldes y de carácter favorable" a concesiones del servicio de aguas en los que "la empresa Aquagest aparece como interesada".

En ese sentido, explica que en sus informes se alude a acuerdos propuestos "que se ajustaban a la normativa aplicable, a juicio de este funcionario" o, en el caso de Celanova, "favorable a una modificación propuesta por el ayuntamiento, al considerarla ajustada a derecho".

Niega el cobro de comisiones

Cacharro dedica un párrafo a negar "la realización de ningún tipo de trabajo profesional" y rechazar haber recibido percepción económica alguna de la empresa Aquagest, "ni de ninguna otra". "Es falso que recibiese 9.000 euros ni ninguna otra cantidad, de dicha empresa", asevera.

También se refiere a otra parte del sumario en la que se le vincula con Henry Laíño "en una época en la que él era director territorial de Aquagest en Galicia y además miembro del consejo de administración de la empresa mixta Aquaourense SA, de la que son socios la Diputación y la entonces Aquagest, ahora Viaqua", según el escrito de Cacharro.

Por su intervención en ese caso, el secretario de la Diputación de Ourense detalla que él era además el secretario del consejo de administración. "Por ese motivo no debe extrañar que el señor Laíño y yo mantuviésemos ocasionales reuniones de trabajo sobre diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento de la sociedad mixta".

En santiago sólo opinión personal

Por otra parte, Cacharro niega su intervención en un expediente de renovación de la concesión del servicio de aguas del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, sobre la cual apunta que "parece insinuarse en comentarios de terceras personas" a las que dice no conocer de nada.

"El señor Laíño me formuló una consulta verbal sobre ese asunto y pidió mi opinión, además de preguntarme si podría emitir un dictamen, a título particular, sobre esa operación y le contesté que no podía, en aplicación de la legislación sobre incompatibilidades, ya que no tengo reconocido en la Diputación el derecho a ejercer actividades privadas de carácter profesional", detalla en su escrito.

En ese sentido, relató que Laíño le pregunto por algún profesional privado que hiciese ese trabajo y Cacharro le "recomendó" los servicios de una abogada con la que le puso en contacto. "Esa fue toda mi intervención en el asunto de referencia", concluye el texto en el que Cacharro Gosende se pone a disposición del presidente de la institución y de la corporación provincial "para cualquier aclaración al respecto que puedan precisar".

Por su parte, Baltar apeló a mantener la presunción de inocencia y el respeto a la Justicia al ser preguntado acerca de las consecuencias sobre concejales y cargos de su partido que salen en conversaciones o informes policiales del sumario de la Operación Pokémon y también sobre aquellos que fueron grabados en pinchazos telefónicos pidiendo, por ejemplo, la retirada de multas.