El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) "presionarán" al Gobierno para que evite el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Coca-Cola Iberian Partners, que afectará a 1.250 trabajadores y supondrá el cierre de cuatro de las fábricas de la compañía, como las de Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca o Alicante.

Así lo han señalado la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el diputado de IU-ICV-CHA por Asturias, Gaspar Llamazares, en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de los sindicatos UGT y CC.OO.

Soraya Rodríguez ha criticado que la multinacional plantee un ERE con el pretexto de haber experimentado una "variación en sus ventas en los tres últimos meses", que para la diputada es normal en el "contexto de crisis y contracción del consumo" que vive el país pero que no es suficiente para justificar una medida de esta envergadura dado que Coca-Cola "mantiene e incrementa sus beneficios".

Para la socialista, Coca-Cola "no puede pretender incrementar sus beneficios a costa del empleo". "Si se quiere mantener la relación de afecto y cariño de los españoles con la marca, Coca-Cola no puede pretender destruir empleos por codicia, para incrementar los beneficios empresariales a costa de los empleos de trabajadores que llevan muchos años en la empresa en España", ha insistido.

Culpa de la reforma laboral

Una posibilidad "perversa" que, a su juicio, es posible gracias a la reforma laboral del Gobierno del PP, que "da amparo a empresas que quieran incrementar sus beneficios a costa de los empleos". Por eso, el "primer objetivo" que perseguirá el PSOE a partir de ahora será "conseguir que se retire este falso ERE" porque no está basado en "ninguna circunstancia objetiva".

Para ello, el Grupo Socialista en el Congreso planteará diversas iniciativas legislativa para instar al Gobierno a "actuar y mandar un mensaje muy claro a Coca-Cola de que esto no puede ser", y además se reunirá con la dirección de la empresa para recordarle que "no puede desentenderse" del mercado de trabajo español y que si tiene que "reestructurar" sus recursos humanos por un "plan industrial que llega desde fuera" debe hacerlo "con diálogo social" y "negociando" con los sindicatos.

Además, Soraya Rodríguez también ha asegurado que los socialistas estarán con los trabajadores en la calle, y ha confirmado que representantes del principal partido de la oposición asistirán el próximo día 15 a la manifestación convocada en Madrid en contra del ERE.

Para la asturiana María Luisa Carcedo, el expediente también es una muestra más de "los efectos de la reforma laboral" porque sin ella "no se hubiera planteado la posibilidad de que una empresa con ganancias se ponga como objetivo reducir las plantillas para que los beneficios sean mayores".

Junto a Rodríguez y Carcedo, también han asistido a la reunión la portavoz parlamentaria de Empleo, Concha Gutiérrez; y los diputados de las regiones afectadas: Rafael Simancas (Madrid), Mariví Monteserín (Asturias), Guillén García y Pablo Martín Pere (Baleares) y Gabriel Echávarri (Alicante).

"el gobierno no puede ser neutral"

Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural en la Cámara Baja, José Luis Centella, también cree que esta situación se deriva de la reforma laboral, aunque apunta a la normativa aprobada en 2010 por el Gobierno socialista como principal responsable de que "una empresa con beneficios, que es evidente que no tiene ninguna necesidad de disminuir plantilla, pueda presentar un ERE".

Por eso, IU-ICV-CHA trabajará para "conseguir que se retire" el expediente y también para evitar el cierre de ninguna factoría embotelladora. No obstante, recuerda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "no puede ser neutral y mirar para otro lado" porque "igual que va a otros países a defender a las multinacionales españolas tiene que hablar con las multinacionales en España para defender a los trabajadores".

Por su parte, Llamazares cree que la presentación del ERE es "inmoral" y duda además de la legalidad de que el expediente se haya presentado a nivel nacional cuando "no está constituida en las comunidades autónomas". Por eso, se ha comprometido a "presionar" al Gobierno para que no acepte la propuesta de la empresa y para que haga uso de los "instrumentos legales que tiene en sus manos" para frenarlo.

"Cuando se presente el ERE ante el Ministerio de Trabajo habrá que preguntar si pueden presentarlo así, si son una empresa o varias, y si tienen razones organizativas para realizarlo, que creemos que no", ha precisado, avanzando no obstante que "queda un largo proceso de lucha y movilización" para lograr "evitar que haya empresas que aprovechen la crisis de manera sádica para cepillarse una parte importante del empleo".

Además de Llamazares y Centella, también han asistido al encuentro la diputada por Madrid Ascensión de las Heras y el diputado valenciano Ricardo Sixto.

En búsqueda de adhesiones

Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO., Jesús Villar, ha explicado a los medios que el objetivo de esta ronda de encuentros es conseguir "adhesiones" de los grupos parlamentarios y del resto de la sociedad para que Coca-Cola retire "de manera inmediata" el ERE "injusto e injustificado" que ha planteado.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria y de Trabajadores Autónomos de UGT, Antonio Deusa, ha reiterado que "no se justifica que una empresa con beneficios plantee despidos y el cierre de fábricas" por lo que reclama un "plan industrial con un plan de empleo que permita redimensionar Coca-Cola si es necesario pero sin una medida traumática con un ERE".

Además, ha insistido en que los sindicatos no negociarán si la compañía no retira el expediente, aunque las futuras medidas concretas que se puedan explorar dependerá de la "situación jurídica" sobre si se trata de una única compañía o de varias. "Lo que no puede ser es que una empresa con beneficios de la noche a la mañana que, por un cambio de táctica empresarial y de estructura interna, plantee la cantidad de despidos que plantea Coca-Cola", ha zanjado.