El administrador de Cota -empresa que asesoró a Socueva tras la marcha de la familia Mirones-, Miguel Martínez de la Hidalga, ha asegurado que "todo" lo que se hizo fue dirigido a que la constructora pudiera pagar a los acreedores y poder continuar con su actividad, "no a quitarle el patrimonio".

Así ha contradicho en su declaración de este martes en el juicio por la quiebra de la constructora lo que mantiene el fiscal en su escrito de acusación, en el que se considera que Martínez de la Hidalga; Inés Carmen Serna —una de sus empleadas y actualmente su esposa—, y el administrador de Socueva, Miguel Tausía, llevaron a cabo un plan para "vaciar" de patrimonio la constructora para transferirlo a otra y evitar que fuera embargado por las deudas que tenía con varios acreedores.

Por estos hechos, que el fiscal considera constitutivos de un delito de insolvencia punible, pedía cuatro años de prisión para cada uno de los tres, además de una multa de 7.200 euros y el pago de unas indemnizaciones de más de tres millones de euros por el "perjuicio", a su juicio, generado a las acreedoras que, en este juicio, conforman la acusación particular, entre las que figura la Tesorería General de la Seguridad Social.

En la segunda jornada de este juicio, Martínez de la Hidalga ha explicado que Cota lo que hizo fue "asesorar en la gestión al administrador" de la constructora, que era Miguel Tausía-, tras la marcha de Javier y Miguel Mirones de Socueva, ambos también acusados en el juicio por un presunto delito societario y con solicitud de penas por parte del fiscal de un año de cárcel por, supuestamente, intentar ocultar las dificultades de la empresa.

"descontrol absoluto"

Ha señalado que cuando Cota comenzó a asesorar a Socueva la constructora estaba sumida en un "descontrol absoluto", con 120 obras adjudicadas y con acreedores que todos los días acudían a reclamar el dinero que se les debía.

Ha explicado que, en esas circunstancias, el "principal problema" no era saber si la empresa "está o no en quiebra" ni pararla para realizar comprobaciones, sino atender a los acreedores que cada día acudían a cobrar y a los que había que pagar para que Socueva pudiese continuar con la actividad, ya que era la "única forma" de que la constructora pudiese llegar a pagar sus deudas.

Sin embargo, Martínez de la Hidalga ha insistido una y otra vez en que, cuando llegó a Socueva, desconocía la situación económica de la empresa pues era "imposible" determinarlo "de un día para otro". "Cómo yo en dos días voy a ser capaz de decir: esto está bien o está mal", ha afirmado Martínez de la Hidalga ante los abogados que le han cuestionado sí Cota, antes de asesorar a la constructora, no estudió su situación.

De hecho, ha explicado que, aunque una de las labores de Cota en Socueva era verificar su contabilidad, es algo que no pudo hacer "nunca" pues el departamento de contabilidad de la constructora —"el mismo" que cuando estaban los hermanos Mirones, ha indicado— tenía "animadversión total" a "soltar datos" y ha añadido que incluso al propio administrador, Miguel Tausía, le "costaba" conseguirla.

Martínez de la Hidalga ha señalado que "si hubiera sabido" la situación de Socueva no habría perdido los aproximadamente 50 millones de pesetas que, según ha dicho, perdió en esa operación. "Nosotros también creíamos que Socueva era otra cosa", ha añadido el acusado, quien considera que Cota se "equivocó" e hizo una "mala inversión".

De esta forma, ha negado que obtuviese algún beneficio de su contrato con Socueva. "Todo lo contrario", ha insistido en su declaración, que ha durado cuatro horas y media. Además, ha negado haber agravado con su actuación la situación en la que se encontraba la constructora o causar más perjuicio a los acreedores. De hecho, ha asegurado que en los cuatro meses que asesoró a Socueva, hasta que fue embargada, no se generaron más deudas.

La cesión de créditos,

Para "agilizar" los pagos

Por otra parte, y a preguntas de la acusación, ha señalado que los poderes que desde Socueva se concedieron a la empleada de Cota — a la que Martínez de la Hidalga ha liberado de responsabilidad pues "no tenía poder de decisión" y "únicamente firmaba lo que él le decía— eran para "agilizar" los pagos a los acreedores y sus tareas de gestión en la constructora.

En base a estos poderes, esta empleada firmó, en nombre de Socueva, una escritura de cesiones de crédito de la constructora a Cota, cesiones de crédito que, según ha aclarado Martínez de la Hidalga, iban destinadas a pagar a los acreedores, dando "cierta preferencia" a aquellos proveedores que podían ayudar a terminar las obras a Socueva, permitiéndole continuar su actividad para intentar así que fuera "viable" y poder pagar en un futuro todas sus deudas.

En su declaración, y en la misma línea que en la sesión de este lunes explicó Tausía, Martínez de la Hidalga ha insistido en que, en el caso de Socueva, los créditos cedidos a Cota eran créditos "posibles" pues correspondían a una treintena de obras que no estaban concluidas o que aún no se habían iniciado, con lo que el cobro dependía de si finalmente se ejecutaban.

Según ha asegurado, Cota no cobró "ningún dinero" procedente de estos créditos ya que a los cuatro meses de comenzar a asesorar a Socueva, la constructora fue embargada y todos los contratos de obra fueron rescindidos.

Ha insistido en que, en el caso de Socueva, los créditos cedidos a Cota eran "posibles" y a futuro ya que dependían de que las obras pendientes de la constructora se realizasen, algo que finalmente no llegó a producirse pues fue embargada y todos los contratos rescindidos, por lo que la asesora no recibió ningún dinero por estos créditos.

El papel de adproin

A preguntas de la acusación, ha desvinculado el cambio de objeto social y de denominación de Cota Management, que pasó a llamarse Adproin, de la actividad que estaba llevando a cabo a Socueva. También ha negado que el objeto de Adproin fuera quedarse con las obras que Socueva tenía adjudicadas y que, tras su embargo y desaparición, no pudo ejecutar. "Nada más lejos de la realidad", ha afirmado Martínez de la Hidalga.

Adproin se quedó con dos de las obras que tenía adjudicadas Socueva tras la quiebra de la constructora —dos urbanizaciones, una de Cooperativa de Viviendas Duque de Ahumada y otra con Gestión y Promoción Siglo XXI—y contrató a Tausía de forma puntual, y como autónomo, para la dirección técnica de las mismas, algo que, según ha aclarado, hizo porque los promotores de las obras se lo "exigieron".

Durante la sesión de este martes, varios abogados de las partes en el juicio han sacado a relucir que Cota Hispania, una de las empresas de Martínez de la Hidalga a las que contrató Socueva, a posteriori de los hechos que se están juzgando en la Audiencia Provincial, entró en concurso de acreedores, que ha sido declarado "culpable" y él, como administrador, ha sido inhabilitado.

El juicio, en el que el fiscal pide un total de 15 años de cárcel para los cinco acusados, continuará este miércoles con la declaración de la empleada de Cota, Inés Serna.