UGT-A prevé concluir la próxima semana los trabajos de la comisión interna de investigación abierta para analizar la contabilidad y la gestión financiera del sindicato, toda vez que considera que "tiene poco sentido" seguir con la comisión, "al estar toda la documentación en sede judicial".

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que actualmente "se está trabajando en el cierre de la comisión interna", de forma que "en pocos días" harán públicas sus conclusiones, algo que se puede concretar la próxima semana.

Las fuentes han indicado que la juez se llevó toda la documentación, por lo que estamos a su disposición", de forma que "ahora mismo tiene poco sentido seguir con la comisión, ya que es difícil cotejar datos, puesto no tenemos la documentación en el sindicato, están en sede judicial".

De esta forma, apuntan que "será la Justicia la que dictamine si había irregularidades" y se han mostrado "tranquilos", al "ofrecer nuestra máxima colaboración a la juez Alaya, que posee hasta los documentos que estábamos elaborando y analizando en el seno de esta comisión interna".

Asimismo, sobre la última decisión de la juez Alaya en su investigación en el caso de los ERE irregulares, por la que ha ordenado a los sindicatos CCOO y UGT y a distintas federaciones vinculadas que informen "a la mayor brevedad" sobre los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para las gestiones corrientes de su organización, UGT-A ha mostrado su "respeto" por la decisión de la juez en el proceso abierto por los ERE.

"UGT-A está muy tranquilo porque no ha participado de ningún ERE ni ha obtenido ningún beneficio económico, ni ah estado en ningún expediente, por lo que respeta el proceso iniciado por la juez", aseveran desde el sindicato.

Ere en el sindicato

Por otro lado, las fuentes del sindicato han confirmado que el pasado viernes empezaron las reuniones con los trabajadores del sindicato con vistas a plantear un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), aunque indican que "siguen las reuniones y se está negociando la dimensión de dicho expediente".

Los trabajadores del sindicato temen que pueda afectar a unos 49 empleados, lo que supondría casi el 50 por ciento de la plantilla de toda Andalucía, cifrada en 104 trabajadores.