Izquierda Unida defenderá este miércoles una proposición no de Ley en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a personarse, a través de su gabinete jurídico, como acusación en la causa abierta por la justicia de Argentina ante los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista.

Se da la circunstancia de que esta misma comisión del Parlamento andaluz ya expresó el pasado 30 de octubre, a instancias del PSOE-A y con el rechazo del PP-A, su apoyo a la causa abierta por el Juzgado número 1 de Buenos Aires sobre los "delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

En la iniciativa que se debate este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA va un paso más allá y reclama que el Gobierno andaluz se persone como acusación en la causa, así como que apoye y reconozca expresamente la actuación de los colectivos memorialistas en defensa de la "verdad, justicia y reparación" para las víctimas del franquismo.

La federación de izquierdas recuerda en la exposición de motivos que la juez María Servini de Cubría, responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de la República Argentina, "está abriendo nuevos cauces de trabajo sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, que en el ámbito internacional están claramente definidos como "crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y perseguibles", y que rechazan en todo caso "leyes de punto y final".

Tras subrayar que en Andalucía las posibilidades de juzgar a los responsables de los crímenes cometidos desde la Guerra Civil por los golpistas y, posteriormente, por la dictadura franquista, son "bastante escasas", IULV-CA destaca que la querella argentina abre nuevamente la puerta a la justicia, basándose en el principio de "justicia universal", el mismo por el que Pinochet fue encausado por la justicia española y el mismo por el que se realizaron los juicios contra militares argentinos implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en su país.

Asimismo, según explica, la juez María Servini introduce nuevamente el debate sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura franquista y, junto a ello, el propio debate "sobre cómo se cerró esta página de la historia de España sin querer leerla". IULV-CA también pone en valor que la orden de detención internacional que aparece en la resolución judicial va contra miembros de las Fuerzas del Orden Público que formaron parte del aparato represor franquista, "rompiendo esa idea de que todos los responsables estaban ya muertos".