Cierval y sindicatos instan a "erradicar" la economía sumergida, que podría reportar "entre 8.000 y 10.000 millones"

Molina advierte que "no actuar sobre algo que es evidente no se puede entender desde otro punto de vista que no sea negligencia pura"
Molina, González y Hernández firman la declaración contra la economía sumergida.
Molina, González y Hernández firman la declaración contra la economía sumergida.
CIERVAL
Molina, González y Hernández firman la declaración contra la economía sumergida.

El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, y los secretarios generales de

Ccoo pv, Paco Molina, y UGT-PV, Conrado Hernández, han firmado este lunes una declaración contra la economía sumergida en la Comunitat Valenciana, en la que abogan por "comprometer a las administraciones a multiplicar los esfuerzos para erradicar estas prácticas" que, a su juicio, constituyen "una lacra para el conjunto de la sociedad y un lastre para el desarrollo económico y social".

En rueda de prensa, Molina ha advertido que "perdonar como bueno lo que hay supone hablar de más de 25.000 millones de euros en el País Valenciano, no es ninguna broma, es un presupuesto y medio", a lo que Hernández ha apostillado posteriormente que "solamente con llegar a la mitad de afloración de la economía sumergida" de la Comunitat, implicaría "conseguir bastante más que lo se está planteando sobre el nuevo modelo de financiación, hablamos de que pudieran aparecer tranquilamente entre 8.000 y 10.000 millones".

A su vez, el máximo dirigente de Cierval ha indicado que, pese a la práctica imposibilidad de conocer el monto real de la economía irregular existente, "todos los cálculos dan cifras muy importantes". González duda que sea posible eliminarla completamente "porque forma parte de la vida normal", punto en el que urge a hacer "pedagogía" para que se deje de "mirar con cierta simpatía al espabilado", y opina que "ya sería un avance extraordinario" lograr reducir a la mitad su peso o situarla en el promedio de los países europeos.

Los firmantes presentan esta declaración conjunta como un primer paso para posicionarse "radicalmente en contra" de la economía irregular y destacan que está abierta a la adhesión de "todo aquel que tenga una responsabilidad porque esto debe ser un clamor de toda la sociedad", en palabras de González.

"tienen que ponerse en marcha"

Conrado Hernández ha destacado que pretenden trasladar su compromiso a las administraciones públicas y "plantearles un plan coordinado integral", al considerar que "es un momento de máxima urgencia en este tema" y es necesario colaborar para solucionar la situación. "Tienen que ponerse en marcha", ha recalcado.

Por su parte, Molina ha recalcado que "en una situación que afecta a la economía de las empresas, de las personas y del país, no actuar sobre algo que es evidente, con los porcentajes que sea, no se puede entender desde otro punto de vista que no sea negligencia pura, cuando no que tenga un carácter francamente delictivo".

A su juicio, "las soluciones son muy fáciles y se trata de coordinar, mejorar e invertir en servicios que ya están encima de la mesa, sólo falta decisión política, rigor, ganas y agallas, y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno valenciano", sentencia.

"el fraude no va a resolverse mareando a 6.200 PARADOS"

Además, el dirigente de

Ccoo pv ha recalcado que "el fraude no va a resolverse mareando a las 6.120 personas desempleadas a las que han llamado como una muestra para superar la economía sumergida", en alusión a las citaciones realizadas por el Servef de noviembre a diciembre en el marco del convenio de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido firmado en junio con el Ministerio.

Al respecto, defiende que "ningún trabajador, por voluntad propia, trabaja en esas condiciones", postura que comparte su homólogo de UGT-PV, quien considera "muy propicios" a caer en esa situación a los 400.000 ciudadanos que no reciben prestaciones y los 165.000 que cobran la ayuda de 420 euros, al estar "en el umbral de la pobreza".

En el documento, patronal y sindicatos exigen a las distintas administraciones que "actúen de manera eficaz contra el fraude, con campañas de denuncia, concienciación y fiscalización efectivas, con resultados objetivos y constatables, que lleguen a toda la ciudadanía" y reclaman un "Plan Integral para la Prevención y Control de la Economía Sumergida y sus consecuencias económicas y sociales", con participación de los agentes económicos y sociales.

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