La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares quiere saber la cantidad "exacta" cobrada por los sindicatos UGT y CCOO y distintas federaciones vinculadas a ellos en relación a los fondos librados por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales que están siendo investigadas.

En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya argumenta que "se han detectado numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de empresas vinculadas a ellos", como son Atlantis Asesores, para CCOO, y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.

Por ello, "se hace necesario profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas".

El objetivo "es intentar determinar la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta en el marco de las ayudas sociolaborales objeto de las presentes investigaciones", ya que "el montante de las sobrecomisiones que las organizaciones sindicales han recibido de las mediadoras, que se ha podido calcular con el estudio de las cuentas bancarias vinculadas a éstas últimas, no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos".