Tal fue su sorpresa que la recurrió sin éxito hasta tres veces alegando que hacía 16 años que no era suya. Además, denunció los hechos ante la Policía Nacional y tras acudir a Tráfico, le advirtieron de que la moto continuaba a su nombre. Ante esta situación, el Ayuntamiento le recomendó que pagara los cuatro recibos pendientes del impuesto de circulación (unos 80 euros) para poder darla de baja en tráfico.

Pero, nada más lejos de la realidad. Tras hacerlo y presentar la documentación, incluido el recibo de la venta de la moto, Tráfico le remitió al juzgado, donde debe ir con un abogado para pedir que un juez dé la moto de baja.

El intermediario se lava las manos

Tras la multa, Gabriel contactó con el concesionario (que había cambiado de ubicación): «Primero, me dijeron que eran los que estaban en Micer Mascó, pero cuando les conté por qué llamaba, se retractaron». Según Tráfico, el vendedor de un vehículo debe notificar su transación mediante un contrato de compra-venta. El problema es que Tráfico no acepta la factura de la venta como contrato, de ahí que obligue a Gabriel a poner un contencioso.