Los inmigrantes empiezan a pagar entre 20 y 35 euros más por los informes de extranjería

  • Desde el 31 de enero, la Generalitat cobra por la emisión y notificación de informes de extranjería.
  • La mayoría de municipios, que recogen las solicitudes y recaban los datos necesarios para hacerlos, ya cobran esta tasa.
  • AMIC-UGT ve abusivo que los inmigrantes deban pagar dos veces por lo mismo.
Una mujer hindú columpia a unos niños en un parque de Vic (Barcelona), donde un chico de origen subsahariano escucha música en un banco.
Una mujer hindú columpia a unos niños en un parque de Vic (Barcelona), donde un chico de origen subsahariano escucha música en un banco.
ACN
Una mujer hindú columpia a unos niños en un parque de Vic (Barcelona), donde un chico de origen subsahariano escucha música en un banco.

La Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Cataluña (AMIC-UGT) ha denunciado este lunes en un comunicado la entrada en vigor de una nueva tasa de la Generalitat que la mayoría de municipios catalanes ya cobran por los informes de extranjería.

El 31 de enero entró en vigor una nueva tasa de la Generalitat que grava la emisión y notificación de informes de extranjería en materia de reagrupación familiar, arraigo social y renovaciones, entre otros. Sin embargo, AMIC-UGT denuncia que la mayoría de ayuntamientos ya cobra esta tasa y en algunos casos superan los 100 euros.

La Consejería de Bienestar y Familia de la Generalitat ha emitido recientemente una circular en la que informa sobre la entrada en vigor de la nueva tasa, cuyo precio es de 35 euros salvo la renovación de la residencia temporal que es de 20 euros.

La legislación establece que es la administración autonómica la que emite los informes aunque puede delegar esa función a los ayuntamientos o pedirles la información necesaria para elaborarlos.

Los municipios ya cobran

En Cataluña, los municipios recogen las solicitudes de informe y realizan las gestiones necesarias, como entrevistas o visitas, para formular una propuesta y la Generalitat se limita a emitir el informe y notificarlo.

AMIC-UGT cree que la doble imposición puede ser un "tejemaneje legal" porque el hecho imponible no es el mismo, una administración recoge los datos y la otra emite el informe. Sin embargo, según la normativa de extranjería actual, el solicitante pide un "informe único, independientemente de los intereses" las distintas administraciones en la gestión de los informes.

La asociación considera "absolutamente abusivo" que deban pagar dos tasas por un único acto pues, además, la mayoría de personas que solicita informes de extranjería o arraigo social se encuentran en el paro y en riesgo de exclusión social.

La doble tasa, que tachan de recaudatoria, se suma al aumento del coste de la vida por el encarecimiento de servicios básicos como el transporte público, los suministros de la vivienda o la sanidad.

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