La Agencia Estatal de Protección de Datos declaró, durante los dos últimos años, que cinco organismos públicos murcianos infringían la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), de los cuales uno lo hizo en 2012 y cuatro en 2013.

Se trata de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región; el Servicio de Empleo y Formación; la Universidad de Murcia; la Federacion de Gimnasia de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier, según la memoria elaborada por ePrivacidad con motivo del 28 de enero, Día Internacional de la Privacidad, sobre los expedientes de infracción declarados en los últimos dos años por la Agencia Estatal de Protección de Datos.

Y es que, en los cinco casos, la Agencia declaró que estos organismos públicos infringían la normativa e instó a las instituciones, en su caso, a corregir sus fallos para adecuarse a la LOPD, si bien, al tratarse de administraciones públicas, no se impuso ninguna multa económica.

En estos casos se da parte al Defensor del Pueblo y se insta a recurrir al Contencioso si no se van a llevar a cabo cambios de adaptación a la Ley tras el expediente de infracción, que la Agencia emite tras varias alertas a la administración investigada.

Al cierre de 2013, y por provincias, Murcia se situaba a la cabeza de las provincias con más expedientes de infracción por parte de sus administraciones públicas, solo por detrás de Madrid y la provincia de Málaga.

Esta última encabeza el ránking de las provincias que menos cumplen la LOPD, con cuatro expedientes de infracción en 2012 y tres en 2013, emitidos contra los ayuntamientos de Málaga, Coín, Nerja, Marbella y la Consejería de Salud por un asunto vinculado al Hospital materno infantil de Málaga así como contra el Consorcio Provincial de Bomberos.

Cabe destacar que entre las comunidades sobre las que se ha elaborado el informe de ePrivacidad quedan fuera País Vasco y Cataluña, al disponer de su propia agencia de protección de datos.

Así, ePrivacidad es un gabinete con sede en Murcia especializado en protección de datos y de la privacidad en Internet. Su cometido abarca desde la preparación de demandas judiciales contra los grandes buscadores en virtud de la defensa del llamado Derecho al Olvido hasta servicios a particulares para que sus nombres, fotografías, noticias o datos considerados privados se borren de la red.